La Dirección General de Comercio de la Generalitat ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante una serie de documentos que considera que faltan para poder autorizar con garantías la ampliación de la zona de gran afluencia turística y que puedan abrir los domingos los centros comerciales Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante en ejecución de un auto judicial.
En concreto, el departamento que pertenece a la Conselleria de Economía reclama un certificado del secretario del Ayuntamiento que recoja el acuerdo del órgano municipal competente que insta la declaración de zona turística, precisando la extensión territorial y los periodos para los que se solicita la autorización. También pide que se acredite que se ha dado audiencia al Consejo Local de Comercio, o a un órgano similar y a las entidades más representativas del sector en el ámbito autonómico, como empresarios, sindicatos y consumidores.
Asimismo, instan al Ayuntamiento a adjuntar un plano de delimitación de la zona y justificación de la delimitación. Así como que se pronuncie sobre las peticiones de zona turística de 2015 y 2016. «En caso de no presentarse, se entenderá que la nueva petición sustituye a las anteriores».
Asimismo, solicitan información sobre el mantenimiento en el momento actual de las circunstancias que motivaron la declaración del centro de Alicante como zona turística, y sobre las circunstancias que motivan su extensión territorial y temporal.
La Dirección General de Comercio advierte que la tramitación del procedimiento queda a expensas de recibir estos documentos y da diez días al Ayuntamiento para presentarlos. Según explica el director general de Comercio, Natxo Costa, «la voluntad es hacer cumplir la sentencia desde el exquisito y estricto cumplimiento de la normativa vigente para que el expediente esté bien acabado, nadie lo pueda recurrir y por tanto exista seguridad jurídica de todos los operadores».
Costa iniciará una ronda de reuniones con los sindicatos, las asociaciones de comerciantes y los centros comerciales de Alicante para intentar encontrar una solución consensuada ya que la Conselleria entiende que no es viable la apertura todo el año y busca, explica Costa, una solución de equilibrio que respete los intereses de los trabajadores y las demandas del pequeño comercio.
