Vicente Sala Martínez ha pedido al juez que amplíe a las oficinas de Samar Internacional, donde se encuentra la empresa familiar, la orden de alejamiento que solicitó para su cuñado, Miguel López. El sospechoso del asesinato de María del Carmen Martínez quedó en libertad el lunes de la semana pasada tras pagar una fianza de 150.000 euros. En su recurso contra la decisión del juez, los abogados de Vicente Sala ya reclamaban una orden de alejamiento que impidiera al sospechoso acercarse a la vivienda de éste. Ayer presentaron un nuevo escrito reclamando que la medida cautelar se ampliara también al lugar de trabajo. El magistrado José Luis de la Fuente no ha respondido todavía a ninguna de las medidas cautelares que han pedido la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Vicente Sala.

María del Carmen Martínez murió la tarde del 9 de diciembre en las instalaciones de Novocar, una empresa de automoción perteneciente al grupo familiar, mientras recogía su coche del taller. Cuando estaban a punto de cumplirse dos meses del asesinato, la Policía detuvo al yerno de la víctima y gerente de Novocar como presunto autor de los disparos. El pasado 20 de marzo, 39 días después del encarcelamiento, el magistrado del caso acordó ponerle en libertad bajo fianza de 150.000 euros, acordando una serie de medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y de acceder a las instalaciones de Novocar para evitar que pueda darse a la fuga. Desde su puesta en libertad, Miguel López ha vuelto a casa donde vive a escasos metros de la casa de su cuñado, que ejerce la acusación contra él.

En la finca familiar se encuentran repartidas en distintas edificaciones las viviendas de Vicente Sala y sus hermanas, así como la sede de Samar Internacional, cuyas oficinas se encuentran en la casa de la matriarca asesinada de dos disparos en la cabeza. En el nuevo escrito presentado por la acusación se explica que la sede de Samar es el despacho profesional de Vicente Sala y el equipo administrativo de la mercantil. «Así pues se trata del lugar donde nuestro mandante desarrolla habitualmente su actividad como administrador único y director general de la referida mercantil y en el que también trabaja la esposa de éste», argumentan los letrados en su escrito. Asimismo se presenta un trazado para que Vicente Sala pueda acceder a las instalaciones mientras perdure la orden de alejamiento.

Recalcan los letrados que se trata de una medida que tiene como objeto fundamental «garantizar la convivencia pacífica entre el investigado y Vicente Sala y su familia como víctimas del delito, de manera que no se añada en el ámbito familiar o laboral más daño moral del ya causado».

La Fiscalía de Alicante ya pidió en su día una ampliación de la orden de alejamiento para los trabajadores de Novocar a fin de que evitar que el investigado pueda presionarles para que cambien su testimonio en el juicio. La medida impuesta por el juez se limita a prohibir a Miguel López a acceder a las instalaciones del negocio de automoción, pero no dice nada de contactar con los testigos fuera de la empresa. En el recurso presentado por el Ministerio Público se le reclama que se le impida contactar de manera alguna con ocho de los trabajadores. De todas maneras, esta solicitud se hace de manera alternativa, ya que la petición principal es que se revoque la libertad y que el investigado vuelva a ingresar en prisión. Las acusaciones se basan en que, a su juicio, todos los indicios contra él se han mantenido durante la instrucción, mientras que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A lo largo de los próximos días, el magistrado deberá resolver si adopta alguna de las medidas solicitadas por las acusaciones. En función de lo que se decida, éstas analizarán si recurren ante la Audiencia Provincial.