Un mes. Es el plazo que, en teoría, tardarán en concederse las licencias de obra en Alicante tras el cambio normativo que el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad a propuesta de la Concejalía de Urbanismo. Con esta medida y con el refuerzo de plantilla para este departamento que la semana pasada anunció el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, el tripartito pretende desatascar un área que en octubre tenía pendientes de resolver licencias de obra por valor de 52 millones. Un atasco que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, reconoció ante los promotores, con retrasos de hasta nueve meses en la tramitación que lastraban la edificación en Alicante.
Para agilizar el proceso, del que, según Pavón, se podrán beneficiar el 90% de las peticiones de licencia solicitadas, el Ayuntamiento incluye la figura de la «declaración responsable» por parte del promotor, lo que permitirá acortar el plazo para obtener el permiso de edificación a solo un mes.
La propuesta recibió el voto favorable de los 29 concejales de la Corporación e incluso el PP, a través de su portavoz, Luis Barcala, dijo que se trata de una medida eficaz que, aparte de acabar con el colapso de las licencias urbanísticas, permitirá dar cédulas de habitabilidad a viviendas en el campo y en las partidas rurales en situación irregular, que podrán acceder incluso al suministro de agua.
Pero no todo fue cordialidad en el pleno de ayer. El debate se tensó, y mucho, a cuenta del plurilingüismo. Echávarri tuvo que recurrir al voto de calidad para deshacer dos empates consecutivos a 14 votos (la tránsfuga Nerea Belmonte se abstuvo) y evitar que saliera adelante una propuesta del PP para instar al Consell a anular el decreto de plurilingüismo en Alicante. La edil popular Mari Carmen de España dijo que el valenciano se impone en la ciudad a golpe de decreto y que se estaba coartando la libertad de elección de las familias. «No vamos a dejar que se implemente la semilla del odio en los ciudadanos», dijo la edil, quien acusó de «sectarismo» a Compromís, formación a la que pertenece el conseller de Educación, Vicent Marzà, impulsor del decreto.
Echávarri contestó que en Alicante nunca ha habido conflicto lingüístico y que ahora tampoco existe, y pidió al PP que no utilice la lengua «para inocular el odio entre los alicantinos, por responsabilidad». El edil de Cultura, Daniel Simón, de Guanyar, defendió con ardor la medida y se refirió a un estudio que hizo el PP hace 15 años según el cual los alumnos que estudiaron en valenciano hablan mejor inglés y castellano. Entre los ciudadanos asistentes hubo división de opiniones sobre un decreto que, antes que el PP, ya había puesto sobre la mesa el tránsfuga Fernando Sepulcre. Incluso un padre contradijo desde el público al alcalde asegurando que «es mentira que no haya conflicto lingüístico».
Otro debate «caliente» fue el de la bandera republicana que Guanyar quería desplegar el 14 de abril en el Ayuntamiento en homenaje a las personas que defendieron la II República. El grupo se quedó solo y no le apoyaron ninguno de sus socios de gobierno. Compromís se abstuvo y el PSOE se alió con el PP, Cs y los tránsfugas para tumbar las ilusiones de Pavón y los suyos en este sentido.
El alcalde justificó el voto contrario diciendo que, aparte de ser ilegal, no tenía por qué honrar a sus abuelos deshonrando a sus padres, refiriéndose a las concesiones de todos los españoles por la democracia. El popular Barcala alabó la «sensata decisión» porque, dijo, «Pavón quiere la bandera republicana en exclusiva cuando es de todos». También el edil de Ciudadanos Antonio Manresa dijo que su partido se considera republicano.
Por el contrario, salió adelante por unanimidad la petición de más inversiones al Estado que planteaba el tripartito. Todos le apoyaron, hasta el PP, pese al rifirrafe entre el edil popular José Ramón González y la concejala de Guanyar Marisol Moreno. Ésta, sin turno de palabra, repitió en voz alta unas palabras de su líder, Pavón, instando al PP a apoyar la petición «si les queda vergüenza» por la situación económica en que quedaron las arcas municipales cuando se fueron.
González replicó que «sí nos queda vergüenza, más de la que tiene usted, que está condenada». Echávarri le echó un guante pidiendo al PP respeto. Más división existió en la reclamación, también del tripartito, para que el Ministerio de Hacienda levante a Alicante el plan de ajuste que le lastra hasta 2023, que salió adelante con la oposición del PP y Cs. El PP también votó en contra de la petición a Montoro para que cambie la legislación y el Ayuntamiento pueda levantar su rescate pero no pudo evitar que saliera delante.
