El decreto de plurilingüismo del conseller Vicent Marzà atraviesa un nuevo escollo. Tras los recursos presentados por los sindicatos docentes FSIE y USO, y los anunciados conjuntamente por las formaciones de padres de centros públicos y concertados, ahora es el propio Gobierno central el que amenaza con los tribunales si no se rectifica el plurilingüismo. El ministro de Educación, Méndez de Vigo, advierte de que el Gobierno iniciará un «contencioso-administrativo».
«Ahora la consejería tiene que rectificar, y si no lo hace en el plazo correspondiente, se le enviará un requerimiento o iniciaremos un contencioso administrativo. Cumplimos la ley», apuntó ayer el ministro en el Congreso de los Diputados, a preguntas de la diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín.
De Vigo sostiene que el Gobierno «va a velar porque en España a nadie se le discrimine» en el aprendizaje de las lenguas, y afirma que su departamento «no aceptará la diferencia de requisitos ni la discriminación», en referencia al decreto de Marzà.
De Vigo pidió aclaraciones la semana pasada a Marzà sobre el hecho de que los alumnos en el nivel Avanzado de plurilingüismo obtengan el certificado B1 de inglés, y el resto no. El conseller apuntó que habría una prueba para que pudieran tener certificación todos. Y ahora el ministro reclama que se modifique el decreto.
El conseller, tras conocer la intervención del ministro reiteró hasta la saciedad que hay relaciones cordiales entre las administraciones, que se van a mantener, y que lo único que le han llegado son «dudas» sobre «quién» hace los programas de plurilingüismo y que todas esas dudas quedan «totalmente resueltas en el propio decreto, tal y como hacemos saber en la carta ya redactada y a falta sólo de firmar» para remitirla en respuesta al Gobierno.
Marzà puntualiza, además, que «difícilmente se pueden cuestionar los niveles del plurilingüismo si no se cuestionan en Murcia, que tiene el Básico, Intermedio y Avanzado». La diferencia que obvia el conseller quizá reside en que en la vecina comunidad se exige que para dar el avanzado debe haber «oferta de las modalidades básica o intermedia en el mismo centro», entre otras.
Marzà prefiere centrar sus esfuerzos en reclamar hoy mismo al propio ministro, en la sectorial de Educación, permiso para poner en marcha el intercambio de profesorado con otros países de habla inglesa y poder poner «en práctica de verdad el plurilingüismo».
La diputada Marta Martín, por su parte, opina que el Gobierno se queda corto y que «debería ir directamente al Constitucional. Se invaden sus competencias para expedir títulos; se atenta contra los derechos fundamentales; y se vincula el nivel de inglés al estudio de valenciano en detrimento del castellano, y titula solo el Avanzado».
