El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, considera que el auto judicial contra el cierre del Arca de Noé, el centro de recuperación de especies exóticas y salvajes en la finca municipal El Roal de Tángel, permitirá al recinto seguir abierto entre tres y cuatro años más. Este es el tiempo que el primer edil estima que puede durar el proceso judicial si la Fundación Internacional para la Protección de los Animales Raúl Mérida acaba acudiendo al Tribunal Superior de Justicia en caso de que el Ayuntamiento gane el recurso contra las medidas cautelares.
La sala de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante estimó el 22 de marzo las alegaciones que la fundación de Mérida presentó contra la denegación en diciembre de la prórroga por tres años más de la actividad de estas instalaciones destinadas a la recuperación de animales salvajes y que acogían a un centenar de ejemplares. El Ayuntamiento ha decidido recurrir la suspensión cautelar pese a que Echávarri desde un primer momento se mostró a favor del Arca de Noé. En la Junta de Gobierno fue doblegado por sus socios de Guanyar y Compromís.
El alcalde afirmó que las puertas de su despacho están abiertas para Mérida, al que dijo que llamaría ayer mismo en respuesta a la petición de reunión que éste le formuló, sin descartar algún tipo de acuerdo extrajudicial.
En el lado contrario se posicionó la concejala de Protección Animal, Marisol Moreno, de Guanyar, que dijo respetar el auto judicial pero no compartirlo. La edil aseguró que el Arca de Noé ya está casi vacío y que «tan sólo quedan dos lobos, dos grandes felinos, algunas aves, una pitón y dos monos titís», según pudo observar, dijo, en la visita que realizó junto a un arquitecto y una inspectora a la finca El Roal. Añade que todos los demás animales han sido reubicados, los felinos y grandes monos en el centro Primadomus de Villena, «ideal para ellos por los metros cuadrados con los que cuenta el centro».
Por su parte, Mérida insistió en que el Arca tiene todos los permisos «de todos los organismos» para tener animales salvajes, exóticos y procedentes de circos, decomisos y abandonos, «de otra forma el juez no habría dictado ese auto», en el que desaconseja la dispersión de los animales por sus particularidades, y hace hincapié en la inspección favorable de la Generalitat, en su colaboración con Aduanas y el Seprona de la Guardia Civil, y en que es centro de referencia del Consell en la recogida de caballos abandonados.
Aunque su idea es mantener la función del centro, reclama un acuerdo con el Ayuntamiento para garantizar que los animales están protegidos y «no a expensas de que mañana me vuelvan a decir que en 15 días me tengo que ir». De hecho, han ido saliendo animales porque el plazo se cumplía y las instalaciones se estaban desmantelando.
Mientras se resuelve el futuro del Arca, hay otro albergue, en este caso de una asociación próxima a la edil de Protección Animal, que ha arrojado numerosas irregularidades en las inspecciones que ha recibido de la Guardia Civil y de la Policía Local en febrero y marzo respectivamente.
Se trata de Asoka, que da albergue a unos 90 perros y a otros tantos gatos, y que fue una de las cerca de 20 entidades animalistas que participaron en la protesta para exigir la renuncia de Mérida que se celebró el 11 de diciembre a las puertas de la Protectora de Bacarot, apoyando la decisión de la edil Marisol Moreno y del grupo Guanyar de cerrar el Arca de Noé.
Entre esas irregularidades, los informes desvelan que carece de licencia ambiental que habilite el funcionamiento de la actividad; que no acredita su inscripción como núcleo zoológico nacional y autonómico; la falta de autorización para vertido de aguas residuales a la depuradora; y la no presentación de certificados de salida de animales de compañía a Alemania, Holanda y Noruega, ya que aportaron la documentación del albergue que tienen en Orihuela.
El informe de los agentes del Servicio de Control Urbanístico y Ambiental de la Policía Local también recoge que «se ejerce la actividad de centro de acogida y albergue careciendo de la licencia ambiental que habilite el funcionamiento de la actividad».
A raíz de estas inspecciones, Protección Animal envió al veterinario municipal, que también detectó la existencia de un depósito de agua que requiere de limpieza y desinfección periódicas «no acreditando su realización» ya que se trata de una instalación «en la que la legionela es capaz de proliferar y diseminarse». También considera que los residuos que generan requieren medidas especiales de gestión y que las jaulas evacuan aguas residuales a una canalización abierta donde quedan estancadas «siendo un foco de contaminación y malos olores». La edil Moreno aseguró ayer que ha abierto expediente a Asoka que podría concluir en su cierre si no corrige esas irregularidades.
