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El crimen de la viuda de Sala, ¿caso cerrado?

Muchos cuestionan la investigación del asesinato de María del Carmen Martínez que ha desenfocado otros aspectos básicos

El crimen de la viuda de Sala, ¿caso cerrado?

Tras pasar poco más de un mes encarcelado por el asesinato de su suegra, Miguel López abandonó el lunes Fontcalent después de que su mujer, e hija menor de la víctima, ingresara en la cuenta del juzgado los 150.000 euros que el instructor fijó como fianza para eludir la prisión.

María del Carmen Martínez, para evitar presiones a los empleados/testigos) le ha permitido volver a dormir en su casa después de 39 noches haciéndolo en el camastro de una celda.

Una resolución para la que el juez José Luis de la Fuente se ha apoyado en un principio de «proporcionalidad» pero sin perder de vista dos aspectos esenciales: si bien se mantienen todos los indicios que llevaron a decretar la prisión para el sospechoso, también es cierto que, después de más de tres meses de pesquisas, no ha aparecido una prueba incontestable de que fuera él quien se hiciera con el arma, fabricara un silenciador, manipulara la munición y descerrajara dos tiros a su suegra en la cabeza antes de despedirse de sus trabajadores y marcharse a la carrera a la finca familiar en busca de una coartada.

Aunque será la investigación y en ultimo término un jurado, de así acordarlo el juez, el que al final determine qué papel jugó el yerno del expresidente de la CAM Vicente Sala en el asesinato, no son pocas las voces que empiezan a cuestionar una instrucción que, quizá por centrada única y exclusivamente en el considerado principal sospechoso del crimen (como autor material e intelectual del mismo), ha podido desenfocar otros aspectos de un caso complejo de resolver dada la falta de pruebas directas (no ha aparecido el arma y nadie vio ni escuchó nada), pero en el que tal vez se tendría que haber abierto más el campo de visión en aras a esclarecer todo lo que ocurrió aquella tarde del 9 de diciembre.

Un trabajo policial riguroso bajo la dirección del instructor y la supervisión del fiscal pero en el que parece que ha pesado en exceso la presión para ofrecer un resultado rápido aunque, a la postre, pobre en elementos que permitan apuntar sin lugar a dudas al sospechoso y aclarar quién o quiénes participaron en el asesinato de la matriarca de los Sala. Buena prueba de ello es que el detenido está en la calle y no entre rejas.

Al margen de estas objeciones, y siempre a expensas de que se pudieran estar llevando a cabo pesquisas en este sentido que no hubieran transcendido, hay otros aspectos de esta investigación que no dejan de sorprender por lo inexplicables.

Tal es el hecho, por ejemplo, de que de la orden de intervenir las comunicaciones al núcleo familiar de la víctima (donde se venía librando una guerra sin cuartel por el control empresarial, considerado el móvil de este crimen) se excluyera al primogénito , a su mujer y a sus dos hijos cuando hasta a la pequeña de Miguel López, de tan solo 11 años, también se le pinchó el móvil. La explicación que a esta excepción dio el agente que instruyó el expediente cuando en sede judicial fue preguntado por ello no deja de ser tan peregrina como inconsistente: su comportamiento, el de Vicente Sala Martínez, era el de una persona normal. ¿Y el de la niña no?

Como un lamentable error se ha calificado de puertas para adentro esta exclusión de la que, por paradójico que parezca, uno de los perjudicados es el propio Vicente Sala, además de la investigación. Porque el supuesto «privilegio» no sólo despierta suspicacias y da una baza que sabrá aprovechar la defensa (que ya se ha anotado el primer tanto en un proceso en el que ha demostrado que sabe moverse), sino que, además, hubiera permitido descartar con mayor contundencia que con meras declaraciones las supuestas amenazas procedentes de los negocios que la familia posee en Sudamérica, la hipótesis a la que apunta tanto Miguel López como las otras tres hijas de la víctima.

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