Recuperar la capacidad de legislar del derecho civil valenciano en cuestiones como el régimen económico matrimonial, la custodia de los hijos y las uniones de hecho. Esta fue la reivindicación común del director general de Fomento del autogobierno -de Compromís- Josep Ochoa, de la portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, María José Ferrer, y del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Alicante (UA) Javier Barceló. Todos ellos participaron en una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro del Derecho Civil valenciano, moderada por el decano de Derecho, Pedro Femenía, en el marco del XII Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho que este año se celebra en Alicante y en el que participan alumnos de 30 universidades españolas.
El Tribunal Constitucional anuló tres de las cuatro leyes civiles impulsadas por la Comunidad, entre las que se encontraban la de custodia compartida, la del régimen económico matrimonial y la de las uniones de hecho. Sólo salvó la de usos agrarios.
Ochoa adelantó que para intentar mantener esas competencias legislativas el gobierno autonómico ha encargado un informe técnico a la comisión de codificación de Derecho Civil que el jueves se entregará en las Cortes en el que «se analizan las distintas vías jurídicas para seguir manteniendo la competencia en materia civil foral valenciana que también recoge el Estatuto de 2006». Custodia compartida, régimen económico. El informe, avanzó, apuesta por reformar la Constitución en materia de régimen foral, aunque también recoge vías complementarias y subsidiarias.
Ferrer dijo no haber visto aún el informe pero aseguró que «el PP siempre ha apoyado la cuestión del derecho civil valeciano impulsándolo en el Estatuto en 2006 y apoyando todas las iniciativas en las Cortes las propusiera quien las propusiera». «Esto no es un tema de independentistas», precisó la portavoz popular, quien abogó por adquirir las competencias legislativas en los tres ámbitos citados mediante el artículo 150 de la Constitución porque «la reforma constitucional es complicada con el momento político existente en Cataluña». Y exigió poder legislar, como hacen otras comunidades en asuntos cercanos como estos para conseguir un derecho «práctico, moderno y actualizado».
