La Agencia Valenciana de Turismo ha resuelto con multas seis de los siete expedientes abiertos a diversas plataformas «online» de alquiler de apartamentos en Internet, con sanciones por valor de 120.000 euros. El motivo es que las plataformas comercializaban viviendas como turísticas sin estar registradas oficialmente, lo que se considera una falta grave en la Ley del Turismo. El Consell ha decidido ser implacable y anuncia que en el borrador de la nueva legislación la multa por el mismo motivo ascenderá a 600.000 euros.
El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, subrayó ayer que «debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad, aceptamos la economía colaborativa pero éste no es el caso».
Tres de las grandes plataformas comercializadoras «online» han recibido la sanción máxima que permite la ley actual: 30.000 euros cada una de ellas. Cantidades que, no obstante, pueden parecer irrisorias para estos gigantes, y que ahora el Consell quiere atajar como lo demuestra el que la futura Ley del Turismo va a aumentar el importe de la sanción máxima hasta los 600.000 euros.
En concreto, las plataformas Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa cada una por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Colomer destacó ayer que «son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley».
En 2016 se abrieron siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016, a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro, de las que tres tendrán que pagar la sanción máxima. Solo una ha visto admitido su recurso.
En otro caso se ha subsanado, y la empresa ya solicita el registro a la mayor parte de las viviendas turísticas que comercializa en su portal, por lo que, por ahora, la sanción impuesta es de 4.000 euros. Finalmente, otro de los últimos expedientes abiertos se ha resuelto con apercibimiento después de que hayan regularizado su situación, según apuntaron ayer fuentes de la Agencia Valenciana de Turismo.
El alquiler de apartamentos no registrados mueve al año unos mil millones de euros de dinero opaco a Hacienda y resulta una actividad directamente relacionada con la economía sumergida en la que, según estimaciones del sector turístico de la Costa Blanca, pueden estar inmersos unos 125.000 propietarios de viviendas que se ofrecen de alquiler en algún momento del año, sobre todo en verano, sin contrato y desde hace unos años cediéndolas a plataformas «online».
Unas 500.000 plazas que, además, se publicitan en los portales y redes sociales hasta ahora sin ningún tipo de control, según denuncia la patronal turística. Turismo tiene controlados 22.513 apartamentos que ofrecen 102.749 plazas regladas, pero la realidad multiplica por cinco las cifras.
El 73% de los turistas que eligen apartamentos turísticos en la Costa Blanca para pasar sus vacaciones lo hacen en viviendas alegales (63 millones de pernoctaciones al año), lo que genera un movimiento de mil millones de euros que escapa al control de Hacienda.
En algunos municipios de la provincia como Alicante, la oferta no reglada supera ya a la legal. Y en Benidorm, además de concentrar casi 35.000 plazas hoteleras, la asociación Hosbec también dispone de algo más de 8.000 plazas de apartamentos turísticos en esa ciudad y más de 11.000 en el conjunto de la Costa Blanca.
La oferta que escapa al control de la Administración no sólo hace daño a la industria hotelera, sino que también su impacto en el sector de los apartamentos reglados es más que evidente. La economía sumergida está devorando la actividad rentable, la actividad que genera ingresos y empleo».
«El alquiler de vivienda privada siempre ha existido, pero el desarrollo de Internet está permitiendo que miles de casas se ofrezcan a los consumidores sin los controles pertinentes», asegura el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas. El sector reglado ha defendido siempre que no pretende impedir el alquiler de viviendas, sino que compitan en un mercado turístico con las mismas reglas de juego con las que compiten los otros actores del sector. En la actualidad en España hay un total de 1,4 millones de plazas regladas frente a las más de dos millones anunciadas en los portales de Internet.
