21 de marzo de 2017
21.03.2017
Análisis

Ni menos, ni más

A la decisión de acordar la libertad bajo fianza para Miguel López hay que darle el valor que tiene, pero no interpretarla como una exculpación

21.03.2017 | 21:19
Miguel López ayer en una imagen captada a su salida de la prisión. Detrás, un familiar.

Ni menos, ni más. Cuando ya han transcurrido más de tres meses desde el asesinato de María del Carmen Martínez, «ni se han desvirtuado los indicios» que llevaron a la detención y encarcelamiento de su yerno Miguel López como presunto autor de su muerte, «ni se han encontrado nuevos elementos que sustenten adicionalmente la acusación». Así de claro lo afirma el magistrado José Luis de la Fuente, instructor del proceso abierto por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, en el auto en el que ayer acordó dejar libre al sospechoso después de 39 días encarcelado en la prisión de Fontcalent.

Una decisión complicada no sólo por las dudas que jalonan este caso sino por la lectura que de ella pueda hacer una sociedad que aún no se ha recuperado de la conmoción que provocó esta muerte y de la que, además, lo decíamos el domingo en estas mismas páginas, saldrán los miembros del tribunal popular que enjuiciarán al único investigado por el crimen, al menos hasta el momento, si el asunto llega a juicio. Algo que no parece descabellado aventurar habida cuenta de que es de este magistrado (quien habla en su auto de la existencia de un móvil por la disputa empresarial en el seno de la familia, de la preparación del escenario del crimen por parte del sospechoso o de «notorias lagunas» en su declaración) del que depende la apertura o no del juicio oral.

Porque la de ayer es una resolución a la que hay que dar el valor que tiene, que lo tiene, sobre todo a efectos de defensa, pero no interpretarla como lo que no es, una exculpación. Aplicando un criterio de proporcionalidad, el magistrado ha hecho uso de la posibilidad que le permite la ley para modificar una situación de prisión preventiva (que nunca puede ser el adelanto de una hipotética condena) y modificarla por una libertad apuntalada con una serie de medidas cautelares que buscan el mismo objetivo que el que se pretendía con la privación de libertad. A saber: que el investigado no burle la acción de la Justicia, que no destruya pruebas y, como se concreta en este caso, que no coaccione a los testigos.

Todo eso lo ha tenido en cuenta el instructor al fijar para Miguel López comparecencias periódicas en el juzgado, la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte o la restricción en el acceso a Novocar, el negocio familiar que regenta y donde se produjo el crimen. Aunque nada se dice en el auto, por contra, respecto al alejamiento de los empleados, con los que se entiende que no tiene vetado el contacto fuera de las instalaciones de su empresa, no evitando así, con todo, esas supuestas presiones que temen el juez y las acusaciones.

Pero siendo cierto todo esto también lo es el hecho irrefutable de que Miguel López está en la calle y que anoche durmió en su cama, en la misma finca familiar donde también lo hizo, entre otros, su cuñado Vicente, el hijo mayor de la víctima y acusación particular en este proceso. Y que probablemente esto no habría sido posible de haber contado el juez con pruebas (y no sólo indicios, aunque los mantenga) irrefutables de la participación del sospechoso en un delito que lleva aparejada una condena de más de un cuarto de siglo.

Su abogado, el murciano José Antonio García, se jugó a una carta la libertad de su cliente al desistir del recurso de apelación, cuya vista estaba ya señalada en la Audiencia para el pasado día 15, y ha ganado la apuesta al dejar en manos del instructor la decisión. Y aun siendo conscientes de que lo de ayer fue una batalla, que no la guerra, a nadie se le escapa que éste es un tanto importante que no sólo se ha anotado él sino que, además, le allana en gran medida su tarea de defensa.

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