El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia en el recurso contencioso administrativo promovido por Ecologistes en Acció del País Valencià contra el Decreto 192/2014. Con este decreto, el Consell aprobó las normas de gestión de 10 espacios naturales de la Red Natura 2000 que, además de estar acogidos a la protección de la Unión Europea, también gozaban de una figura de protección autonómica de espacios naturales.

Estos espacios son la desembocadura del río Mijares, el Desierto de Las Palmas, el Hondo d´Elx-Crevillent, la marjal de Pego-Oliva, las lagunas de La Mata y Torrevieja, las sierras de Mariola y del Carrascal de la Font Roja, la sierra Calderona, las salinas de Santa Pola, la sierra de Espadán y las Hoces del Cabriel.

La sentencia constata, según Ecologistas en Acción, "claramente el mínimo interés de la Conselleria dirigida por Isabel Bonig en la protección de estos valiosos espacios de la Red Natura 2000. El Tribunal declara la nulidad del decreto, impugnado por los ecologistas, por dos motivos: porque se aprobó sin la obligatoria evaluación ambiental y porque la normativa aprobada es manifiestamente insuficiente para la protección de estos valiosos espacios naturales.

"Una primera muestra de la insuficiente protección es la existencia de superficies de la Red Natura 2000 objeto del decreto que, aunque merecen ser protegidas, quedaron sin ninguna norma, ni mecanismo de protección o regulación, para su defensa", denuncia Ecologistas en Acción.

No obstante, el incumplimiento más destacable era la situación en la que quedaron las superficies de la Red Natura 2000 que coinciden con las zonas periféricas de los parques naturales afectados (las conocidas como áreas de amortiguación de impactos), a las que se aplicaba una regulación que la sentencia califica de "manifiestamente insuficiente":

"Obviamente, esta norma no respeta los contenidos mínimos, que debe exigirse para un decreto como el que estamos examinando, y queda muy lejos del horizonte que señala el artº 47 ter de la Ley Valenciana 11/1994, (según redacción del artº 66 de la ley 16/2010, de 27 de diciembre), que anteriormente hemos transcrito, ya que no recoge ninguno de los elementos, requisitos y condicionantes de esta norma determinante.

La importancia de esta falta o insuficiencia de medidas protectoras es capital, ya que afectaba a 43.350 hectáreas, la mayor parte de las cuales se concentran en la sierra de Espadà y en las sierras de Mariola y de la Font Roja.

Ecologistes en Acció del País Valencià considera muy satisfactoria la sentencia del TSJ, que "demuestra la ilegalidad de una política de gestión de los espacios naturales al servicio de determinados intereses particulares. Los ecologistas esperan que el Gobierno valenciano tome nota y trabaje activamente para elaborar unas auténticas normas de gestión que sirvan para regular y proteger adecuadamente estos valiosos espacios naturales".

Otro ejemplo de la política de desregulación de los espacios naturales durante el mandato del exconsellera Bonig fue "la modificación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de los parques naturales con la Ley 5/2013, que supuso la práctica desprotección de todas las zonas de amortiguación de impactos de los parques naturales valencianos". Contra esta actuación, la federación ecologista presentó una petición al Parlamento Europeo y una queja a la Comisión Europea, que continúa abierta.

Ecologistas en Acción subraya que "aunque el actual Gobierno valenciano recuperó en diciembre de 2015 la protección previa de la que gozaban las áreas de amortiguación de impactos de los parques naturales, no ha adoptado ningún tipo de resolución para tratar de mitigar los efectos de los dos años de desprotección (de enero de 2014 a diciembre de 2015). Es el caso del plan de la ATE Alcoinnova, proyecto urbanístico promovido por La Española en el término municipal de Alcoi, en el área de amortiguación de impactos del parque natural de la Font Roja (en terrenos que también forman parte de la Red Natura 2000 europea)".

Contra este proyecto, que además amenaza el principal acuífero que suministra agua potable a la ciudad, están pendientes de resolución los recursos contenciosos presentados por el Ayuntamiento de Alcoy y por los colectivos ecologistas.