«Hemos detectado 22 puestos de trabajo pagados por la Generalitat desde 2005 a 2014 en las diócesis de Alicante, Valencia y Castellón, bajo una denominación ficticia como profesores de Religión, pero que en realidad no daban clase en ningún centro educativo». La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha puesto el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción por un «presunto desfalco de 9 millones de euros de las arcas públicas».

Navarro explica que la propia Catalá «intentó dar apariencia de legalidad a esta práctica e incluirla en un decreto para nombrar como asesores técnicos docentes a estos profesores sin centro, que en realidad trabajaban para las diócesis a cargo de la administración pública».

La coalición ha elevado toda la documentación de que dispone a la Fiscalía, conseguida, como añade Navarro, de la Conselleria de Educación, ya que la información procede de una década en la que fueron consellers de Educación primero Font de Mora y después María José Catalá, ambos del Partido Popular. «La denuncia está basada en documentación solicitada al Consell, porque el anterior ejecutivo del PP no la facilitó con al argumento de que afectaba a la protección de datos. Con el cambio de Gobierno en la Generalitat se ha entregado finalmente».

Según explica la diputada de Compromís en su denuncia, «Catalá y Font de Mora formaron parte de esta trama, junto al actual arzobispo, Antonio Cañizares,y los exresponsables Carlos Osoro y García-Gascó (ya fallecido), que ha podido costar 9 millones de euros o más a la Administración pública y que mantuvieron durante años».

También subraya que el intento de la ex consellera por regularizar la situación en su momento «no pasó el filtro de la Abogacía de la Generalitat, que advirtió en su informe de la arbitrariedad y situación ilegal de esos trabajadores en el caso de llevarlo a cabo», asegura la diputada.

Desacreditar

Catalá, por su parte, arremetió contra las declaraciones de Navarro culpándole de «intentar desacreditar la enseñanza de Religión con acusaciones vagas, genéricas y poco fundamentadas». La portavoz adjunta del PP en Las Cortes defendió su gestión afirmando que «siempre» se actuó «de acuerdo con la legalidad», y bajo la supervisión de los técnicos, la Intervención y la Abogacía de la Generalitat.

«Compromís está acusando a los funcionarios de la conselleria de hacer una planificación educativa irregular. En la cuestión de profesorado siempre se actuó conforme a lo que regula la norma básica de la dotación de profesorado en la educación pública, es decir, la orden de Plantillas», concluye Catalá.