La conselleria de Vivienda, María José Salvador, ha presentado hoy en Alicante las líneas maestras de la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda, que entró en vigor la semana pasada y que tiene entre sus principales objetivo evitar que los propietarios de una vivienda se queden en la calle al ser deshauciados por no poder paga la hipoteca. La Conselleria ha puesto en marcha la plataforma online "Infohabitatge", donde se ofrece toda la información y la consellera Salvador ha anunciado que en el próximo miércoles 15 de marzo se activará el Registro de Viviendas para todos aquellos propietarios que quieran ceder algún piso vacío a la red de alquiler social que avala la Generalitat.

Existe también un teléfono, el 961208165, de información y también se va a habilitar un punto de información en los Servicios Territoriales de Vivienda de Alicante. La conselleria ha dejado claro, por otro lado, que el Consell va a perseguir a aquellos que ocupan ilegamente una vivienda, ya que la nueva ley poner los medios para impedirlo.

La ley contempla medidas de intermediación y fomento con las entidades financieras, y ante procesos de desahucio de la vivienda habitual por la imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, regula medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble como el alquiler con opción a compra.

En estos casos, la Generalitat fijará un alquiler social durante tres años, prorrogable a tres años más. En los supuestos de procesos de desahucio, en el caso de que la entidad financiera se niegue a formalizar un contrato de alquiler con opción a compra y, por tanto la vivienda habitual se quede sin ocupantes, la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio del usufructo temporal a la entidad financiera por un plazo máximo de tres años.

Los bancos que cedan sus viviendas en alquiler o alquiler con opción a compra a los propietarios desahuciados recibirán el importe de la Generalitat, y los inquilinos pagarán al Consell una renta que no superará el 25% de los ingresos. En el caso de que la entidad financiera se niegue a ceder el piso, la ley permite al Consell la expropiación a cambio de un justiprecio que puede representar el 2% del valor del inmueble.

La ley prevé también mecanismos para movilizar el importante stock de pisos vacíos que hay en la Comunidad Valenciana y actuaciones para fomentar el alquiler de viviendas. Reconoce el derecho subjetivo al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada, y dispone que el Consell, las entidades locales y demás instituciones públicas con competencias en la materia deben garantizar la satisfacción de este derecho.

El stock de viviendas vacías en la provincia de Alicante asciende a unas 200.000. Para regularlas, se establecerán diferentes registros como de Viviendas Vacías, donde se inscribirán todas aquellas declaradas deshabitadas por la Administración mediante una resolución, así como el de Oferta y de Demanda, donde los particulares podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.

La ley contempla que las administraciones desarrollen diversas medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También subvenciones para facilitar el acceso de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas..

Por otro lado y en relación al futuro de Ikea en Alicante, la consellera Salvador ha recordado que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Alicante, que debe ser el que redacte un nuevo plan parcial y lo remita a Valencia.