Cerca de un millar de niños españoles nacen cada año en el extranjero a través de la gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida popularmente conocida como vientre de alquiler, a través de la cual una mujer se ofrece a gestar los hijos de otras personas. Las agencias especializadas estiman que cerca de un centenar de parejas de la provincia recurren cada año a la gestación subrogada para ver cumplidas sus aspiraciones de ser padres. Una práctica prohibida en España y que en estos momentos es objeto de un intenso debate social y político sobre su legalización.
El perfil de quien opta por esta técnica es variado. Parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, parejas gais que buscan una vía para ser padres más rápida que la adopción, hombres solteros y también mujeres que quieren tener hijos pero que no quieren pasar por un embarazo, sobre todo por cuestiones laborales. Aunque países con gestación subrogada hay muchos, Ucrania y EE UU son actualmente los destinos más comunes, según explica Javier Cantero, de la empresa Surrobaby.
El proceso no es barato. En EE UU ronda los 120.000 euros. «La equiparación entre el dólar y el euro en los últimos años ha encarecido mucho estos tratamientos», señala el abogado alicantino Miguel Ángel Boix, quien asesora a las parejas que quieren viajar hasta este país para recurrir a la gestación subrogada. Todo el proceso allí se hace a través de agencias especializadas que buscan tanto a la gestante como a la donante de óvulos. Siempre rigen acuerdos privados entre todas las partes. El niño, cuando nace, «automáticamente obtiene la nacionalidad española y americana y al volver a España generalmente no hay problemas para inscribirlo en el Registro, aunque siempre depende del funcionario que te encuentres».
En otros países el procedimiento es distinto y obliga a que uno de los progenitores tenga que iniciar en nuestro país un proceso de adopción. España también se está convirtiendo en destino de parejas de otros países de Europa en los que está prohibido registrar a los niños nacidos por gestación subrogada, como Francia o Italia. «Estas familias optan por inscribir aquí al niño y viajar a su país. Por ser un menor, el niño tiene garantizados todos los derechos y al cabo de unos años puede conseguir la nacionalidad». Para este abogado nuestro país debería legalizar esta práctica «siempre que se siguiera el modelo americano y se garantizase que no hay vulneración de los derechos ni coacciones». En EE UU, según afirman tanto Boix como Javier Canterano, «las mujeres que se ofrecen para ser gestantes los hacen por una motivación altruista de ayudar a otras personas. Ellas generalmente ya tienen familia y una situación laboral y económica estable».
A favor también se muestra la Sociedad Española de Fertilidad. «Si se mantiene esta situación al final se reduce todo a una cuestión económica que favorece sólo a quienes pueden pagar un tratamiento en el extranjero», señala Manuel Muñoz, director del Instituto Valenciano de Infertilidad en Alicante y vocal del grupo de ética de la Sociedad Española de Fertilidad.
No lo ven así colectivos como la Plataforma Feminista de Alicante, para quien esta práctica debe continuar estando prohibida en España. «No somos vasijas, nuestro útero no se compra ni se alquila», señala su presidenta, Yolanda Díaz. En algunos países en los que esta práctica está permitida, añade Díaz, «proliferan las granjas de mujeres con problemas económicos a las que se encierra y se presiona para que el niño nazca sin problemas». Desde Diversitat, su presidente en Alicante, Toño Abad, cree que la gestación subrogada a nivel internacional «es una forma de explotación de la mujer pobre».
