El gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor, se negó ayer a interpretar como un «mecanismo de control» la idea que maneja la concejala de Acción Social y Vivienda, Julia Angulo (Guanyar), de recuperar una figura contemplada en los estatutos internos, la «comisión ejecutiva», para «revisar» las decisiones que tome el dirigente al frente del organismo autónomo municipal.

Esta propuesta se conoce tras descubrirse que el gerente del Patronato, en una decisión personal que esta semana contó con el aval del tripartito, ha ascendido a su mujer hasta el «número dos» del organismo, en una promoción interna sin control previo que supondrá un aumento en la nómina de unos 400 euros netos al mes y de la que también se benefician otros siete empleados que mejoran su posición económica y, en algunos casos, laboral. «Que se recupere la comisión ejecutiva no lo veo como un control de la concejala hacia mí. Ella tiene como filtro sobre mis decisiones al secretario y al interventor. Además, si Julia Angulo no confiase en mí, vendría cada semana al Patronato y no cada mes o mes y medio», deslizó ayer Mayor, quien aseguró que el órgano que quiere implantar la edil para «gerenciar» las decisiones del, a su vez, gerente del Patronato ya existió hace más de diez años. «No se convoca porque su función era reiterativa respecto a la Junta Rectora del Patronato. Sólo servía para reunirse y trasladar las decisiones [del gerente] a la Junta», añadió ayer Mayor, que deja en manos de la Junta de Gobierno el posible paso por la mesa de negociación de los cambios en la plantilla del organismo, como han hecho otros, por ejemplo, la Agencia Local de Desarrollo.

La decisión del gerente de colocar a su mujer como «número dos» del Patronato a solo unos meses de cumplir los 65 años [aunque Mayor, que es personal laboral, sostiene que no se jubilará hasta los 70] no ha sentado nada bien en el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Alicante. La secretaria general del SEP, Cristabela Zornoza, puso a la concejala de Vivienda en la diana de sus críticas: «Se salta la ley de negociación colectiva y permite que el Patronato de la Vivienda se convierta en un cortijo, donde unos pocos se reúnen y se reparten las ganancias sobrantes». La representante sindical, que no ocultó ayer su «indignación» en un comunicado, recuerda que «hay colectivos en el Ayuntamiento que no pasan de los 900 euros y que están cansados de escuchar que no hay dinero para pagar ningún tipo de complemento que haga que su nómina aumente».

Por su parte, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se pronunció ayer por primera vez sobre la polémica. «Julia Angulo está capacitada para resolver el posible conflicto. No creo que haya inconvenientes en que el asunto vaya a la mesa negociadora, porque los sindicatos están para fiscalizar», añadió ayer el regidor.