Las confederaciones de padres de alumnos de centros, tanto públicos como concertados, han unido sus fuerzas para protestar conjuntamente en la calle contra el decreto de plurilingüismo.
Es la segunda gran movilización de los padres frente al conseller, Vicent Marzà, tras las sonoras protestas de la enseñanza concertada por el recorte de aulas el curso pasado. Junto a los centros públicos, ambas formaciones coinciden en reprochar a Marzà que no permita a las familias elegir libremente la lengua vehicular para que sus hijos aprendan el currículo académico.
Fracaso
Aluden los padres a los efectos negativos en el fracaso escolar, de por sí abultado en esta Comunidad, y ponen el acento en su absoluto respeto a la cultura valenciana y a que la lengua se mantenga viva, pero no «por imposición».
Convocados por la Asociación Idiomas y Educación, -la mitad de cuyas AMPA están integradas en la Fapa Gabriel Miró-, tanto esta federación de centros públicos, como Escuela y Familia, que representa a los centros concertados, se concentrarán el vienes día 10 ante la sede del Consell en Alicante, a las 19:00 horas.
A la brecha que el decreto de Marzà puede abrir entre alumnos por su situación socio-económico, como refleja que en la Playa de San Juan se opte por el nivel más avanzado en lenguas y en la Zona Norte por el más básico, obligados porque mayor nivel de inglés exige más valenciano y dificulta el aprendizaje de niños inmigrantes como apuntan los docentes-, se suma la polémica de los padres.
«Es mentira que las familias participemos en la elección de la lengua a través del Consejo Escolar, como dice el conseller, porque quienes valoran el nivel de lengua son los docentes en el claustro, y los representantes de los padres, que están en minoría, tienen que dar el visto bueno o no a lo decidido», declara Ramón López, presidente de la Fapa Gabriel Miró y de la Confederación Covapa.
López ironiza que sumando a la provincia con más del 60% de los docentes interinos de la Comunidad, el dato que da Educación de que solo el 1,8% de los profesores tiene la competencia en inglés, «el éxito de nuestros alumnos está asegurado».
Desde la Confederación Concapa de centros concertados, a su vez presidenta de la Fapa Escuela y Familia, Julia María Llopis añade que «nos movilizamos porque nadie nos impone una lengua y porque el cambio por el decreto es muy fuerte. No es que se imparta alguna asignatura en valenciano, sino que en cuatro años será la lengua en la que expliquen la mayor parte el currículo a tu hijo, y ahora ya les cuesta sacar Naturales o Sociales en valenciano».
Llopis añade que si se quiere incluir más inglés «el decreto obliga a impartir el 60% de materias en valenciano, pero no se tienen los profesores».
Tribunales
Para uno y otro representante, el modelo lingüístico que entra en vigor el curso próximo «seguirá obligando a pagar academias para que nuestros hijos aprendan más inglés», apunta Llopis. «Los premios a la excelencia provienen de los euros que gastamos en academias privadas», abunda López.
Ambas formaciones preparan sendos recursos jurídicos contra el plurilingüismo, y sostienen que mientras no cambie la actual legislación -Llei d'Us y Estatuto Autonómico- «el castellano es un deber y el valenciano un derecho y, por lo mismo, voluntario». «Representamos a padres de zonas castellano hablantes y valenciano parlantes. Lo que queremos es poder elegir», concluyen.
