Los sindicatos de estibadores han suspendido las dos primeras jornadas de huelga previstas para los días 6 y 8 de marzo, tras la negativa del PSOE y del resto de los grupos políticos de convalidar en el Congreso el real decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno. En Alicante estaban llamados a los paros 56 trabajadores. España se arriesga a una multa diaria de 134.000 euros si no liberiza el sector.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm), sindicato mayoritario de estibadores, ha explicado hoy en un comunicado que la negativa del PSOE y del resto de grupos políticos convalidad el decreto en el Congreso "abre la posibilidad de una nueva mesa de negociación real para la consecución de una reforma del modelo de estiba de manera consensuada".
La negativa del PSOE, además del resto de grupos políticos, a convalidar en el Congreso el decreto ley propuesto, de manera unilateral, por el ministro de Fomento abre la posibilidad de una nueva mesa de negociación real para la consecución de una reforma del modelo de estiba de manera consensuada, según informan UGT, CCOO y la Coordinadora en un comunicado conjunto.
"La oposición del PSOE a la convalidación del Real Decreto Ley 4/2017 aprobado por el Gobierno abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, exigida también por el resto de grupos políticos: Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, Ciudadanos, IU, EAJ-PNV, ERC, PdCat y Coalición Canaria; y ese es el fin último del preaviso de huelga que hemos convocado los trabajadores", subraya UGT.
Así, los sindicatos Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT, han acordado suspender las convocatorias de huelga preavisadas para los días 6 y 8 de marzo próximos, con la intención de que un clima de normalización laboral anime al Ministerio de Fomento a salir de su cerrada posición e invite a la negociación real, mediante la constitución de una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley presentado por el Gobierno para su convalidación.
La normativa que ropone el Gobierno bloquea, según los estibadores, cualquier posibilidad de acuerdo con las empresas, pues ofrece a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo.
De hecho, no ha habido ningún avance en la negociación con las empresas a pesar de la reunión técnica celebrada en la tarde de ayer en la sede del CES. Las empresas no se comprometen a mantener en sus puestos de trabajo a sus actuales trabajadores portuarios, ni aportaron los datos que se comprometieron entregar a los sindicatos y al Presidente del CES para justificar los supuestos excedentes de las plantillas en cada puerto.
Con esta decisión de suspender la huelga los días 6 y 8 de marzo, "los trabajadores mostramos nuestra disposición al diálogo y esperamos que sea correspondida por el Ministerio y por la patronal Anesco. Para evitar el conflicto no se puede pedir a los despedidos que sean razonables. Lo razonable es garantizar la continuidad en el empleo a los trabajadores, que no es otra cosa que la subrogación laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores".
No se puede seguir atribuyendo a la sentencia del TJUE el despido de los trabajadores portuarios que, en realidad, es una decisión política de Puertos del Estado, ratificada por el ministro de Fomento.
