El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, tiene previsto acudir hoy a los juzgados de Alicante para reclamar la «ejecución del auto», fechado el pasado 12 de enero, en el que la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante paralizó cautelarmente el cambio de calles franquistas promovido por el Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La juez dio de esta forma la razón al recurso interpuesto por el PP en contra del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para el cambio de nombre de más de cuarenta calles y plazas por su vinculación al franquismo. La justicia, además, exigió el restablecimiento «a la mayor brevedad posible» de las placas previas y, por consiguiente, la «retirada de las placas nuevas».

Hoy, mes y medio después de que la juez dictase el auto, el tripartito de Alicante sigue sin restablecer las denominaciones previas a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Por ese motivo, el PP volverá hoy a los tribunales para pedir a la juez que «señale un plazo máximo» para que el tripartito ejecute un auto de medidas provisionales fechado el pasado 12 de enero, recurrido posteriormente por el equipo de gobierno y que aún no se ha llevado a la práctica. «Ante el retraso del tripartito en obedecer a la juez, ahora le pedimos que ponga fecha y hora para que el tripartito cumpla el auto», afirmó ayer Barcala, quien hace apenas diez días ya acudió al juzgado para presentar un escrito en el que pedía que se requiriese al Ayuntamiento el cumplimiento del «contenido íntegro del auto» relativo al restablecimiento de las placas franquistas de las calles de la ciudad. El PP reclamaba así a la juez que ordenó la paralización de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que obligara al tripartito a comunicar «qué actuaciones del auto han sido llevadas a cabo para que vuelvan a ponerse las placas anteriores de las calles» y para que, de manera urgente, se cumpliese el contenido íntegro del auto.

Además, en el escrito presentado a mediados de este mes de febrero, el PP solicitó también que se hiciesen «los apercibimientos legales de la posible comisión de un delito de desobediencia» a los responsables de su cumplimiento que, a juicio del PP, son «el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), y el edil de Estadística, Daniel Simón (Guanyar). «Entendemos que el gobierno tripartito debería haber actuado con la misma diligencia que lo hizo anteriormente para cambiar los nombres de las vías públicas de la ciudad», apuntó Barcala en su momento.

Fuentes municipales sostienen que el tripartito tiene un plazo de dos meses para cumplir el auto dictado por la juez el pasado 12 de marzo. Barcala, en cambio, reclama a la juez que ponga «fecha y hora» para su cumplimiento.