La nueva Ley de la Vivienda que entra en vigor mañana miércoles permitirá al Consell expropiar durante tres años las viviendas desahuciadas por los bancos, en el caso de que éstos se nieguen a cederlos en alquiler a los propietarios que hayan sido desahuciados para que puedan vivir en ellas tres años en régimen de alquiler. La normativa fomenta también el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Generalitat asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación.
La ley contempla medidas de intermediación y fomento con las entidades financieras, y ante procesos de desahucio de la vivienda habitual por la imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, regula medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble como el alquiler con opción a compra.
En estos casos, la Generalitat fijará un alquiler social durante tres años, prorrogable a tres años más. En los supuestos de procesos de desahucio, en el caso de que la entidad financiera se niegue a formalizar un contrato de alquiler con opción a compra y, por tanto la vivienda habitual se quede sin ocupantes, la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio del usufructo temporal a la entidad financiera por un plazo máximo de tres años.
Los bancos que cedan sus viviendas en alquiler o alquiler con opción a compra a los propietarios desahuciados recibirán el importe de la Generalitat, y los inquilinos pagarán al Consell una renta que no superará el 25% de los ingresos. En el caso de que la entidad financiera se niegue a ceder el piso, la ley permite al Consell la expropiación a cambio de un justiprecio que puede representar el 2% del valor del inmueble.
Con esta ley, el Consell subraya que consigue un avance histórico al convertir un principio constitucional en un derecho y «sitúa a la Comunidad Valenciana entre las sociedades más avanzadas». La norma concibe la vivienda como un servicio de interés general y aproxima el derecho de la vivienda a los pilares básicos del Estado de Bienestar, tras la Sanidad, la Educación o la Dependencia.
La ley prevé también mecanismos para movilizar el importante stock de pisos vacíos que hay en la Comunidad Valenciana y actuaciones para fomentar el alquiler de viviendas. Reconoce el derecho subjetivo al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada, y dispone que el Consell, las entidades locales y demás instituciones públicas con competencias en la materia deben garantizar la satisfacción de este derecho.
El stock de viviendas vacías en la Comunidad asciende a unas 500.000. Para regularlas, se establecerán diferentes registros como de Viviendas Vacías, donde se inscribirán todas aquellas declaradas deshabitadas por la Administración mediante una resolución, así como el de Oferta y de Demanda, donde los particulares podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.
Para que se cumpla la función social, la ley contempla que las administraciones desarrollen medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 25% de los ingresos. También subvenciones para facilitar el acceso de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.
De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios privados podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.
El objetivo es movilizar el máximo número de viviendas, sobre todo, del importante stock que está en poder de las entidades financieras, a fin de dar respuesta habitacional a las personas que más lo necesitan. Aunque el número de desahucios ha ido en descenso en los últimos años tras la medidas acoradas por la Administración y la propias entidades financieras, todos los días siguen produciéndose desalojos de sus pisos a dueños que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.
