La Comunidad Valenciana sigue a la cabeza en número de pacientes que no pueden pagar las medicinas. Según la última edición del Barómetro Sanitario, que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad, en la Comunidad Valenciana cerca de 293.000 enfermos han abandonado los tratamientos por falta de dinero, de ellos más de 108.000 en la provincia de Alicante. Se trata del 5,9% de la población y supone la segunda cifra más alta de todas las comunidades autónomas, únicamente superada por Canarias. A nivel nacional, el 4,4% de la población asegura haber abandonado tratamientos médicos en el último año por no poder hacer frente al pago de las medicinas.
Pese a la realidad que muestra el último estudio del Ministerio de Sanidad, la situación ha mejorado levemente, ya que hace año y medio eran 150.000 las personas que en la provincia no podían comprar sus medicinas, el 7,9% de la población. La cifra situaba a la Comunidad a la cabeza del país.
El Gobierno central impuso el copago de los medicamentos a los pensionistas en junio de 2012 y lo aumentó para los trabajadores. Apenas dos meses después eliminó más de 400 medicamentos, muchos de ellos de uso frecuente, del sistema de financiación pública. Dos medidas que dispararon el abandono de tratamientos médicos, entre la indignación y la llamada de atención de médicos y entidades sociales.
Una de las primeras medidas que en este sentido adoptó la nueva Conselleria de Sanidad tras el cambio de gobierno en mayo de 2015 fue la de derogar el copago para los jubilados con pensiones más bajas y para los discapacitados. En el caso de los pensionistas, la medida ha beneficiado en la Comunidad Valenciana a 910.000 personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales. En la provincia, según las estadísticas de la Seguridad Social, son unos 300.000 los pensionistas que desde hace un año están exentos de pagar por sus medicinas.
Respecto a las personas con diversidad funcional, se subvenciona tanto el tratamiento farmacológico como los productos de ortopedia de los menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33% o de los mayores de edad con una discapacidad del 65% o más. Las ayudas se han hecho este año extensivas a los menores cuyos padres ganan menos de 18.000 euros al año.
El último barómetro sanitario también revela que los habitantes de la Comunidad están moderadamente satisfechos con la sanidad pública, al concederle una puntuación de 6,41, levemente por debajo de la media nacional de 6,55. Con todo, el 32% de la población piensa que necesita de mejoras. Entre los aspectos susceptibles de mejora en los diferentes servicios asistenciales se identifican, la obtención de cita en atención primaria el mismo día que se solicita o el reducir los tiempos de permanencia en sala de espera para entrar en consulta del especialista (el 30,9 % dice que espera más de una hora).
El 65,3 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana considera que la sanidad está mejor gestionada si lo hace la administración pública y un 13,2 % si lo hacen las empresas privadas, según señala el Barómetro Sanitario 2016.
