El aumento en paralelo de la siniestralidad y de las sanciones de tráfico es visto con preocupación por entidades dedicadas al seguimiento de la seguridad vial y al estudio de sus factores, como la Sociedad Española de Criminología (Secrim), organización promovida desde Alicante. Su presidenta, Shaila Villar, alude a la necesidad de incidir en la concienciación sobre la seguridad, frente a ver las sanciones como un mero instrumento de «castigo» que, en todo caso, puede acarrear una sanción económica. A su juicio, esto puede hacer que la población se «insensibilice» ante algo tan serio como la siniestralidad en el tráfico, detrás de cuyas cifras, recuerda, «hay víctimas directas o indirectas».

Villar señala que «la propia DGT considera necesario reformular el concepto de carnet por puntos», de manera que deje de verse nada más como una acción punitiva. La presidenta de Secrim insiste en que «necesitamos una sociedad, tanto conductores como quienes no lo son, educada y formada en la educación y seguridad vial», y que eso requiere «trabajo desde la infancia y la juventud». En este sentido, recalca que ese «miedo al castigo» debe ser «la última herramienta de prevención en nuestras carreteras y de sus usuarios». Además, recuerda que hay mecanismos para recuperar los puntos perdidos, lo que puede hacer que se dé aún menos importancia al problema.

A esto, la criminóloga hace hincapié en la exigencia de elaborar planes estratégicos a escala territorial detallada (más allá de la estatal) para tener en cuenta todos los posibles factores que pueden concurrir en la siniestralidad vial. Así, pone como ejemplo que «la realidad de Alicante no es la misma que la de Salamanca», en cuanto a población, climatología, estado de las carreteras y usos o hábitos de los conductores, entre otros.

Por ello, Villar insiste en la obligación de «trabajar en la prevención de una perspectiva local», aunque «no necesariamente debe ser municipal», sino también en ámbitos más amplios, «trabajando en red entre los diferentes municipios que estén conectados». Esto, recuerda, «necesita recursos», además del esfuerzo colaborativo entre todos los agentes sociales y fuerzas de seguridad implicados.