Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Arruinados por el impuesto al sol

Más de 16.000 alicantinos se han visto afectados por las reformas del Gobierno central que ponen trabas a las energías renovables

Imagen del huerto de paneles solares de la cooperativa de Crevillent en la zona de El Realengo. agencias

Año 2007. El Gobierno central, capitaneado entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, aprueba el Real Decreto 661/2007 y establece una serie de beneficios económicos para aquellos ciudadanos y/o empresas que apuesten por las energías renovables. El Ejecutivo les permite vender a la red eléctrica general la potencia que generen y además les concede unos incentivos adicionales por el valor ambiental de esa energía limpia. ¿Resultado? Miles de personas deciden invertir en toda España en energías fotovoltaicas.

El problema llegó poco después. El Gobierno fue aprobando distintas medidas de forma progresiva y metió la tijera. De acuerdo con un prolijo estudio elaborado por el diputado de Compromís en el Congreso Ignasi Candela, el Ejecutivo central ha sacado adelante hasta 12 leyes o decretos desde 2010 que ponen todo tipo de trabas al impulso de energías renovables y limpias. Recortes en las retribuciones, peajes de acceso a las redes de transporte, obligación de cofinanciar el déficit de tarifa, se forzó a devolver subvenciones... e incluso se instauró el conocido como impuesto al sol.

En total, y de acuerdo con los datos recopilados por Candela, alrededor de 16.300 personas se han visto golpeadas de lleno en la provincia por esas reformas eléctricas aprobadas en Madrid. Solo en las comarcas alicantinas hay instalados 134.000 kw de potencia en un total de 2.037 recintos de energías renovables. Y cada uno de ellos cuenta, de media, con al menos un par de inversores o familias. Esas instalaciones alicantinas generan 215.000 MWh anuales y evitan la emisión de 66.000 toneladas de CO2 todos los años, según detalla el parlamentario de Compromís.

Con el objetivo de cumplir la normativa europea 20/20, Compromís está liderando un gran acuerdo en el Congreso que además serviría para romper el «oligopolio eléctrico» que existe en España. El grupo parlamentario de la coalición valenciana ya ha mantenido reuniones con el PSOE, Ciudadanos (C's), Unidos Podemos y UPN, y hoy por hoy existen «muchas posibilidades» de que la propuesta salga adelante, según detalla el diputado.

En concreto, Compromís pretende presentar una proposición de ley en la que defiende un cambio normativo que dote de seguridad jurídica a todo aquel que haya invertido o decida invertir en energía fotovoltaica. «Un sistema con este grado de incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametralmente opuesto a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», se explicita en la propuesta que Candela defenderá en Madrid.

El ejemplo de Crevillent

Crevillent ha sido uno de los municipios punteros en España a la hora de invertir en este tipo de energía. Tanto, que a día de hoy alrededor del 85% del suministro de la población procede de una cooperativa que cuenta con un amplio huerto de paneles solares. Solo el año pasado, la Cooperativa Eléctrica San Francisco Asís (empresa matriz del Grupo Enercoop) evitó la emisión de más de 12.000 toneladas de dióxido de carbono con una producción energética 100% limpia y renovable, según apuntan fuentes de la entidad.

Compartir el artículo

stats