Miles de profesores ven peligrar su puesto de trabajo porque el próximo 1 de septiembre cumple la moratoria de cuatro años, aprobada por la Conselleria de Educación en 2013, sobre el requisito lingüístico del valenciano en la totalidad de las plazas docentes.

Datos aportados por los sindicatos CSI.F y UGT apuntan a que al menos un 20% de los profesores de la Comunidad, más de 5.000, carecen de la capacitación lingüística requerida que es superior al nivel C1 del grado Mitjà que ya resulta insuficiente para mantener la plaza.

Entre los más de 5.000 profesores y maestros a los que faltaría el requisito, el mayor volumen se concentra en la provincia de Alicante, en las zonas castellano-parlantes, así como entre los 3.000 docentes de FP cuyo porcentaje sin la titulación necesaria de valenciano podría alcanzar al 40%, según apunta UGT.

Los afectados son tanto interinos como docentes con su plaza definitiva. La normativa es rotunda al respecto: los primeros se verán excluidos de la bolsa laboral, y los segundos se verán obligados a permanecer en su puesto actual, sin posibilidad de optar al concurso de traslados mientras no cuenten con la citada capacitación en valenciano. Y entra en vigor el curso que viene.

Angustia

El delegado de CSI.F en Alicante, Javier Mas, critica la «cerrazón de los responsables de la conselleria», a quienes se ha solicitado en la mesas de negociación «que no excluya a estos compañeros interinos de su respectiva bolsa, dándoles la oportunidad de desactivarse mientras obtienen el requisito lingüístico».

Javier Mas sostiene que los docentes sin el valenciano «lo han intentado y siguen haciéndolo, pero ante la posibilidad de ser expulsados de su puesto de trabajo viven una auténtica angustia, a pesar de estar trabajando ya muchos años como maestros».

Este sindicato lamenta a un tiempo que «nos quieren vender desde Educación que son pocos los que están en esta penosa situación, pero basta acercarse a cualquier instituto donde se realizan las pruebas de valenciano para ver la cantidad de compañeros que lo intenta, sumados a los que van por la universidades y a quienes cada vez se les pone más cuesta arriba por las exigencias».

FESP-UGT incluso solicitó que para las próximas oposiciones de Artes Plásticas y Diseño se aplicara una excepción retirando el requisito «porque hasta el 40% no lo tienen», calcula Javier González Zurita.

La respuesta de Educación fue tajante. Después de más de 30 años de haberse aprobado la Llei d'Us, y de que la totalidad de las administraciones se hayan apuntado al reto de generalizar entre sus funcionarios el requisito lingüístico, no cabía la posibilidad de estas excepciones para un determinado cuerpo de docentes.

«Sería conveniente admitir alguna excepcionalidad por prudencia», insiste González Zurita, «porque las personas mayores de 55 años que se vean despedidos el curso que viene van a tener muy pocas opciones de encontrar un puesto de trabajo».

Los afectados están incluso barajando la opción de organizar movilizaciones «si no se resuelve nuestro problema», afirman.