El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, defendió ayer los nombramientos de los nuevos fiscales y sostuvo que se han realizado siguiendo los criterios de «mérito e idoneidad» en un proceso «normal y transparente».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo explicó que el procedimiento de nombramiento de fiscales «está tasado en la ley». Según recordó, el Consejo Fiscal propone los nombramientos al fiscal general del Estado, que hace su propuesta al ministro de Justicia y que éste a su vez la traslada al Consejo de Ministros.

Este proceso no pudo ponerse en marcha con el Gobierno en funciones y «ha habido que esperar» al nombramiento del fiscal general del Estado, según apuntó el portavoz del Ejecutivo. Pero insistió en que se ha realizado de forma «transparente y normal» para asignar unas plazas «de concurso que cualquier fiscal puede pedir».

«Mérito e idoneidad»

«No hay ninguna duda sobre el procedimiento. Mérito e idoneidad son los criterios, el procedimiento ha sido tasado y transparente y por acuerdo del Consejo de Ministros», insistió. Respecto a la polémica generada al respecto, Méndez de Vigo considera que «las declaraciones de unos y otros tienen que tener contención». A su juicio, los fiscales «muchas veces dicen con razón que se les presiona», por lo que les animó a denunciar si «saben de alguna conducta delictiva o algún tipo de presión», señaló el portavoz del Ejecutivo.

Respecto a las últimas declaraciones del fiscal saliente de Murcia Manuel López Bernal y el fiscal Anticorrupción del caso Nóos, Pedro Horrach, sobre la existencia de presiones ante la toma de decisiones en casos de corrupción, Méndez de Vigo quiso dejar claro que tiene que haber «contención».

A su juicio, los fiscales «muchas veces dicen con razón que se les presiona», por lo que les ha animado a denunciar si «saben de alguna conducta delictiva o algún tipo de presión».

Acoso en Palma

Mientras tanto, el fiscal Anticorrupción que investiga la trama de presunta corrupción en la Policía Local de Palma, Miguel Ángel Subirán, denunció ayer en la Cadena Ser que, desde hace 3 años, sufre «acoso permanente» en todas las facetas de su vida privada por esta investigación.

Lo hizo a través del presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, que relató algunos de los episodios que evidencian este acoso: «Va más allá de una simple sensación de acoso. Ha habido entradas en su casa, le ha cerrado el paso un furgón policial y le han llegado a impedir sentarse en el cine porque se le pone una persona a cada lado». García explicó también que incluso llegó a desaparecer una moto del fiscal.

García recordó que Subirán pidió permiso de armas que, en un primer momento, denegó la Delegación de Gobierno en Baleares. Habla de más ejemplos de acoso como cartas a la familia del fiscal. El representante de la Unión Progresistas de Fiscales también señala que Subirán «no se siente protegido».

Otros amenazados

En cualquier caso, Miguel Ángel Subirán, no es el único que ha sufrido estos episodios. Sonia Vives, que denunció a dos agentes y un excomisario por vejaciones homófobas, también sufrió intimidación por denunciar el acoso que estaba viviendo.

La concejala de seguridad ciudadana de Palma, Angélica Pastor, ha recibido cartas de amenaza; su director general, Martí Capó, se encontró una diana pintada en la moto y un testigo protegido del caso, un policía local de Palma, encadena bajas médicas por el constante acoso que sufre, siempre según su relato.