Los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el abogado urbanista Javier Gutiérrez no volverán a testificar en el proceso abierto por presuntos amaños en el PGOU de Alicante antes de juicio. Así lo determinó ayer el instructor de este proceso, el magistrado Manrique Tejada, al denegar la petición realizada en este sentido por el fiscal anticorrupción Felipe Briones para que los tres, todos ellos investigados en esta causa, volvieran a testificar tras la comparencioa de otro de los encausados, Ramón Salvador. El empresario ilicitano, quien declaró a petición propia una vez concluida la frase de instrucción, vino a decir que se sintió presionado a pagar comisiones para que se le recalifiara suelo en el PGOU pero sin llegar a concretar en qué consistieron esas presiones. Habló, eso sí, de dos comidas con Alperi y de una reunión con al exregidora en la que también estuvieron presentes su hermano José Luis y su socio en Salvetti, Javier Gutiérrez.
En base a estos testimonios Briones pidió al juez que fueran citados de nuevo a comparecer todos los citados, solicitud que el instructor ha rechazado.
En una escueta providencia, el magistrado responde al fiscal rechazando su petición después de escuchar a Salvador cuyo testimonio, en opinión de Tejada, «no ha tenido otro objeto que el de pretender hacer interminable la conclusión del procedimiento iniciado en Orihuela en 2007».
El instructor argumenta que la petición de nuevas declaraciones una vez dictado lo que vendría a ser el auto de procesamiento (el fin de la instrucción), lo que ocurrió el 17 de enero, «por las declaraciones exculpatorias del Sr. Salvador contradicen la excepcionalidad de la práctica de nuevas diligencias (...) siendo de todo inusual lo solicitado aún a pesar de la cualidad de las personas imputadas».
Briones pretendía que los investigados explicaran los encuentros a los que aludió Salvador.
Gutiérrez y Castedo quieren
Ayer mismo, mientras el juez rechazaba estos testimonios, Gutiérrez y su socio registraban en el juzgado su petición para volver a comparecer tras las palabras de Ramón Salvador «por elementales exigencias del ejercicio del derecho de defensa», una solicitud que podría correr la misma suerte que la del fiscal.
