El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto-ley que liberaliza la actividad de los estibadores en los puertos españoles, incluido el de Alicante. A partir de ahora el texto pasa al Congreso donde los grupos tienen 30 días para convalidarlo o rechazarlo y que entre en vigor. Los sindicatos tienen convocado un calendario de tres semanas de huelga en los puertos a partir del 6 de marzo.

En Alicante, la convocatoria de huelga de nueve días alternos afecta a los 56 trabajadores que operan en los muelles en el movimiento de graneles y contenedores. El Puerto es clave para el abastecimiento de Canarias, que quedará garantizado por los servicios mínimos, y Argelia.

La convocatoria comprende nueve días de paros parciales a partir del 6 de marzo que, dado que están programados de forma alterna, se extenderán durante tres semanas. En concreto, están previstos para las horas impares de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo.

El decreto prevé 3 años para el desarrollo total de la liberalización del sector. En el primer año, el 75% de los trabajadores contratados deberán proceder del colectivo actual de estibadores, en el segundo un 50% y el tercero un 25%. El Gobierno ha aprobado el decreto forzado por una sentencia europea de hace 5 años que le obliga a liberalizar el sector. El ejecutivo se exponía a una multa de 134.000 euros diarios de la Unión Europea.

De momento, en el Puerto de Alicante no hay problemas, pero la ralentización de la estiba en València, que en los últimos días se calcula en un 30 % aumentó ayer al 35 % de descenso de productividad en su puerto. València ha registrado desde el inicio del conflicto de los estibadores un descenso de la productividad que en algunos momentos ha llegado al 60%. Ayer el número ya llegaba a doce barcos desviados, algo que puede producirse en Alicante a partir del 6 de marzo.

Por su parte, el Ministerio de Fomento reclama a que siga la negociación entre trabajadores y empresas, a pesar de la aprobación de la ley de reforma. En un comunicado, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna insiste en que la negociación colectiva es el ámbito donde se pueden dirimir reivindicaciones del sector que no tienen cabida en la ley, y recuerda que tienen un plazo de un año para acordarlas una vez se apruebe el texto legal. No obstante, esta negociación entre patronal y sindicatos presenta actualmente una situación de bloqueo absoluto. El Gobierno tampoco tiene claro que obtenga respaldo del Congreso.