Nuevo golpe al Júcar-Vinalopó. El Ministerio de Agricultura ha puesto como condición para firmar el convenio que regule el trasvase de agua a la provincia que la Junta Central de Usuarios acepte incorporar al sistema la desaladora de Mutxamel, una planta que costó la friolera de 93 millones de euros -60 millones de la planta y otros 33 millones en obras complementarias-, y que en estos momentos es la única que puede garantizar que se deje de extraer agua de los acuíferos de Medio y Alto Vinalopó, al poder inyectar 18 hm³ anuales de agua depurada al sistema, cantidad que servirá para abastecer de agua a municipios como el de Alicante.
Esta solución a la larga cuadruplicará el precio del agua y ratifica el fracaso que ha supuesto la construcción de un trasvase cuyo caudal sólo sirve para el regadío. El Gobierno trata ahora de justificarse ante la Comisión Europea, que financió las obras con 120 millones de euros a cambio de que se dejara de sacar agua de los pozo sobreexplotados, después de haber decidido no recuperar la toma de Cortes de Pallás, la única que garantiza agua de calidad para el suministro urbano. La «patata caliente» sigue siendo el precio del agua.
El proyecto original dejaba la tarifa en 0,30 euros para la agricultura y ahora, con la incorporación del caudal desalado de Mutxamel, ésta se va a los 1,31 euros el metro cúbico, ya que se incluyen los costes de amortización de la planta que deben soportar, tal como establece Bruselas, los usuarios.
Catorce meses después de la primera reunión entre los usuarios del Júcar-Vinalopó y el Ministerio de Agricultura para formalizar la llegada de los 50 hm³ anuales desde el Azud de la Marquesa a la provincia, no se ha avanzado ni un metro y, para colmo, el trasvase provisional lleva cerrado desde el pasado diciembre, lo que ha encendido las alarmas de cara a la temporada de riegos del próximo verano.
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó continúa negociando con el Ministerio de Agricultura la solución «parche» que permita que llegue agua del Júcar a la provincia. En una primera fase los regantes aceptaron recibir todos los años 15 hm3 desde la Marquesa, que sólo servirán para riego del arbolado y 10 hm3 del embalse de Alarcón para el abastecimiento de l´Alacantí tras un rodeo de 350 kilómetros. Solución que, además, condena a 300.000 vecinos del Medio y Alto Vinalopó a seguir utilizando agua de los acuíferos, tanto para beber como para regar, lo que rompe la filosofía y el objetivo del proyecto del trasvase, que no era otro que dejar de sobreexplotar los acuíferos, algunos con el agua a 500 metros de profundidad.
Un informe del Ministerio de Agricultura, realizado por los técnicos del Cedex, dio hace unos meses la a razón a los usuarios del agua del Júcar en el Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa, al determinar que el caudal que se toma en el Azud de la Marquesa no tiene la calidad sanitaria para poder ser utilizada para el consumo humano, incluso aunque se tratara de una potabilizadora al contener plaguicidas durante muchos meses del año, circunstancia de la que viene alertando el Instituto de Geografía desde 2005 y que por fin se admite de manera oficial.
El estudio puso fin a nueve años de lucha de la Junta Central de Usuarios contra el propio Gobierno, entonces del PSOE y ahora del PP, y los agricultores valencianos, que siguen negándose a trasvasar agua a Alicante de otro punto que no sea Cullera.
Por otro lado, la presa de San Diego, con capacidad para almacenar 20 hm3 sigue cerrada por las filtraciones de agua y sin arreglarse. Formaba parte, precisamente, del denominado tramo VII el proyecto original del Júcar-Vinalopó con la toma del agua de Cortes. En estos momentos y casi cuatro años después de detectarse las fugas que han impedido su uso y la ha dejado prácticamente como un monumento a la inoperancia de los gestores públicos, el Ministerio de Agricultura trata de exigir las responsabilidades judiciales correspondientes a la constructora, pero se ha encontrado con que el desastre de la ejecución fue cosa de dos. La iniciativa privada y la pública, ya que los técnicos de Aguas del Júcar fueron los que dieron el visto bueno al final de las obras del embalse donde se detectaron después las fugas. Agricultura no ha descartado oficialmente su reparación, pero el problema es determinar quién paga el desaguisado. Entre las soluciones que se barajan para su reparación figura, ahora, el asfaltado de todo el vaso.
