El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, dijo ayer que las administraciones tendrán que responder tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la plusvalía municipal en la venta de inmuebles con pérdidas y devolver «lo que tengan que devolver» a los propietarios que vendan sus viviendas por menos dinero del que la compraron, es decir, que no hayan tenido beneficio económico alguno. El grupo popular en la oposición avisa, sin embargo, de que esta sentencia tendrá un impacto importante sobre el presupuesto ya que, aseguran, el tripartito preveía ingresar en 2017 un 20% más por plusvalías.

«Es una sentencia justa», afirma el alcalde. «No puede ser que una persona que venda su vivienda a un precio más barato que lo ha comprado tenga que pagar una plusvalía. Era de locos. Es algo justo, a partir de ahí que las administraciones respondan y devuelvan lo que tengan que devolver, y no cobren lo que no tenían que cobrar. Estoy de acuerdo con el contenido de la sentencia», que se produce a raíz de una reclamación en San Sebastián. Sin embargo, el primer edil declaró no saber cómo puede afectar al Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, en la previsión de falta de ingresos en la recaudación municipal. «Es que no sabemos cuántos alicantinos venderán el piso más barato que lo compraron, es imposible saberlo, evidentemente. Y no tengo muy claros los efectos retroactivos. No sabemos las viviendas que se han vendido a precio más bajo».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, ha afirmado que los presupuestos municipales de 2017 están completamente en cuestión después de la citada resolución que anula la recaudación de los ayuntamientos por plusvalías en el caso de que sea por la venta de un inmueble por un valor inferior al de la venta.

Barcala ha destacado que el borrador de las cuentas municipales, que estudian ahora mismo en Madrid técnicos del Ministerio de Hacienda al estar el Ayuntamiento intervenido, contemplaba un incremento del 20,83% en la recaudación por las plusvalías.

«Ya denunciamos que (el presupuesto) estaba completamente hinchado. Las cuentas previstas por la concejala Sofía Morales son ya papel mojado y no son válidas porque el tripartito prevé la recaudación de 2.500.000 euros más que en el año pasado y ahora resulta que no sólo no va a aumentar sino que puede bajar sensiblemente». En concreto, en el borrador de 2017 se prevén 14,5 millones de euros de ingresos por plusvalías, frente a los 12 millones del año pasado, y los 10 millones de 2015. «Lo que hace el tripartito es proyectar un escenario similar al de 2007, en el que estiman se van a realizar unas 6.000 compraventas de viviendas usadas en Alicante este año».

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria prefirieron no anticipar el impacto de la sentencia en una provincia en la que cada vez más viviendas se venden por debajo de su precio. Los promotores dijeron que será un proceso complejo y costoso.