El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, busca a contrarreloj alternativas legales para garantizar la limpieza de colegios y dependencias municipales después de que el Enrique Ortiz anunciase por escrito al tripartito de Alicante que a partir del próximo 1 de marzo dejará de limpiar los colegios y las dependencias municipales, un servicio que lleva prestando fuera de contrato veinte meses y por el que ha cobrado 14 millones de euros. El empresario alicantino alega ahora que el «servicio ha supuesto una ilegalidad del proceder de la administración al significar una contratación encubierta del servicio con una duración indefinida condicionada a su voluntad o libre discrecionalidad».
El escrito de Ortiz se registró en el Ayuntamiento el pasado miércoles, justo unos días después de que el juzgado de Primera Instancia número 1 de Alicante ordenara al tripartito a ingresar en una cuenta del Banco Sabadell los pagos (unos 710.000 euros al mes) relativos a la prestación del servicio de limpieza, tras las demandas presentadas por la entidad financiera que reclama al empresario el pago de créditos por un valor total de unos 140 millones de euros.
Casualmente, un día después de que Ortiz informase de manera oficial al Ayuntamiento del cese de actividad previsto para el 1 de marzo, el mismo juzgado levantó la orden de embargo sobre los ingresos del empresario tras atender su recurso en el que alegaba que la retención de los pagos podía suponer la «asfixia financiera» de la empresa que se encarga de la limpieza de los colegios públicos y dependencias municipales.
Ante la renuncia expresa de Ortiz a prestar el servicio, el alcalde quiso transmitir ayer tranquilidad a los más de 400 trabajadores que forman la plantilla de la limpieza de las dependencias y que, cuando se acabe el proceso de licitación recientemente reactivado y se firme un contrato con una nueva empresa, quedarán subrogados por ley. «El servicio se va a seguir prestando, los trabajadores van a seguir en sus puestos, que nadie esté nervioso», señaló ayer el alcalde, que trabaja en alternativas para que los colegios y dependencias municipales sigan limpiándose a partir del próximo 1 de marzo pese al desistimiento de Ortiz y quien deja sobre la mesa la opción de acudir a los tribunales. «Pido prudencia», recalcó el regidor, quien admitió estar «al frente» de la cuestión pese a que el servicio depende de la Concejalía de Infraestructuras, en manos de la también socialista Gloria Vara. Además, Echávarri insistió en que «no es la primera vez» que una empresa «da el cierre» prestando un servicio municipal. Eso sí, el alcalde descartó de raíz que el Ayuntamiento vaya a hacerse cargo de la prestación del servicio, en una municipalización transitoria. También rechazó que alguna otra sociedad vinculada al empresario Ortiz pueda tomar las riendas de la limpieza de colegios y dependencias municipales. «Sería un fraude de ley. Cuando se hace una declaración unilateral de desistimiento, no puede decir luego que no desistes, el negocio jurídico lo ha dado por roto y somos nosotros quienes tenemos que decidir si aceptamos que vuelva», añadió ayer Echávarri, que espera tener una solución definitiva para la limpieza de dependencias durante el día de hoy.
