Un reciente informe del Síndic de Greuges advierte de la saturación de los Síndic de Greugesservicios sociales municipales
Estamos generando un nuevo modelo de servicios sociales. Tiene su dificultad, porque no es lo mismo crear un modelo que deshacer un modelo totalmente erróneo que no protege a las personas. Lo primero que estamos haciendo es fortalecer la red de servicios municipales, porque es la puerta de entrada para las personas pobres. En 2014 esta puerta de acceso se financiaba con 24 millones; en 2016 pasamos a 32 millones y en 2017 a 52 millones de euros. Este dinero es para incremento de personal. Fortalecemos la red pública y acompañamos con las prestaciones. Antes no se hacía nada y se enviaba a la gente al Banco de Alimentos.
Pero hay ayuntamientos que están intervenidos por el Ministerio y no pueden contratar a más personal.
Sólo son 10 en toda la Comunidad. Para estos se ha diseñado un plan concreto para que la financiación de estos profesionales sea al cien por cien nuestra y estos consistorios no tengan que poner dinero.
La falta de personal es una parte del problema, ¿cómo luchar contra leyes que impiden que las personas que por ejemplo tienen un sueldo mísero accedan a ayudas sociales por el hecho de estar trabajando?
En España hay 21 tipos de subsidios estatales sobre los que no tenemos competencias y muchos de ellos tienen incompatibilidades con otras prestaciones. Lo que nosotros hemos planteado es crear una renta valenciana de inclusión para salir de un modelo dirigido sólo a las personas en exclusión y con muy mal funcionamiento. Y es que si el 62% de los vascos que están en el límite de la pobreza se benefician de ayudas, aquí sólo es un 3%. La nueva ley da un cambio brutal a eso. Crea más compatibilidades con las prestaciones de la propia conselleria y sitúa a la persona en el centro de toda la atención.
¿Hay dinero para poner en marcha esta nueva ley con garantías de que al final no se quede en papel mojado como ha ocurrido con la renta garantizada de ciudadanía?
Sí. Lo que no podemos es ser la comunidad que menos dedica a la parte de asuntos sociales. Buscamos estar al menos en la media de España, ese es nuestro objetivo. Los ciudadanos no pueden ser de tercera y hasta ahora eran de cuarta.
El Síndic advierte de que las ayudas cuando se trata de familias con menores deberían ser más ágiles y rápidas.
Las ayudas de emergencia son rápidas y con el nuevo modelo de renta nos marcamos 4 meses para su tramitación y que haya vías de ayuda para aquellos casos más urgentes. Los ayuntamientos pueden apoyar a la familia en ese tiempo, lo que no puede ser es que se conviertan en 18 meses. Estas ayudas se acompañan además de acceso directo a becas, productos farmacéuticos, un apoyo a la vivienda... porque no hay niños pobres, hay familias pobres. No necesitamos abrir comedores si se refuerzan las becas, las familiares prefieren comer en sus casas. Estamos en contra de toda medida que estigmatice y segregue.
Ustedes acusan al anterior Gobierno de haber dejado en manos de las ONG parte de sus responsabilidades, ¿qué papel van a tener estas entidades en su nuevo modelo de servicios sociales?
Hemos heredado un sistema en el que algunas ONG sustituían el servicio público y eso no tiene ningún sentido. Hay elementos que son responsabilidad pública y después hay que apostar por el concierto social, como hace la Conselleria de Educación. Así, aquellas entidades que respondan al servicio público entrarán en un concierto. Serán entidades que den un servicio público al que nosotros no llegamos.
