Gobiernos autónomos de la Comunidad Valenciana y Cataluña van de la mano con los empresarios, con quienes comparten la «visión» sobre los problemas que presenta el Corredor Mediterráneo y las medidas que es necesario adoptar para hacer realidad la infraestructura. Así, existe coincidencia en la necesidad de priorizar la finalización de las obras en curso y hacer cada vez más interoperables los distintos medios de transporte para mercancías y viajeros.

Para canalizar las mercancías a través del ferrocarril y favorecer una economía más competitiva, tanto desde el empresariado como desde el poder político autonómico se insiste en acondicionar vías y apartaderos para trenes de 750 metros y comenzar con la planificación y/o adaptación de estaciones intermodales y plataformas logísticas, asociadas en muchos casos a los puertos, desde las que alimentar el gran eje del transporte de mercancías del Mediterráneo, capaz de atraer, esperan, los flujos comerciales que llegan de Asia y que actualmente optan por los puertos de Hamburgo o Amberes, entre otros.

En el ámbito de la Comunidad, aunque con medidas que benefician a las comunidades situadas más al sur, la Generalitat, en coincidencia con la Asociación Valenciana de Empresarios propone para este mismo año la conexión en ancho internacional entre Tarragona y Alicante , haciendo viable también la alta velocidad «regional» entre Castellón-Valencia-Alacant/Elx. Además reivindican que se concreten las obras asociadas al túnel pasante en Valencia y las operaciones urbanas asociadas al parque central de Valencia y el proyecto Avant en Alicante. Es decir que sobre la mesa todavía queda mucho por hacer.