A través del Grupo Urbanika, el empresario Enrique Ortiz, el mayor propietario privado de suelo de la provincia, dueño del Hércules, cabeza visible del Grupo Cívica (uno de los mayores holdings empresariales de la provincia de Alicante gracias al boom inmobiliario) y, probablemente, el constructor de Alicante más beneficiado por los años en que el Partido Popular gobernó la Generalitat, obtuvo créditos millonarios de la extinta Caja Mediterráneo para, entre otros proyectos, traerse a Ikea a Alicante y levantar en Rabasa un macrocentro comercial. Con la desaparición de la CAM, apeado el PP del Gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante y anulado el Plan Rabasa, se esfumaron de repente tres de los pilares que sustentaban un imperio económico.

Derrumbados esos cimientos, los créditos perviven. Y el Sabadell quiere cobrarlos.

Ortiz, que de momento sólo admite una reclamación del banco de 25 millones, defiende abonar los préstamos, pero considera que los acontecimientos obligan a modificar las condiciones para su devolución porque los 140 millones que ahora pide el Sabadell se aprobaron para Rabasa y para la llegada de Ikea, pero Rabasa se anuló. Empresario y banco continúan negociando.

Anulado el polémico plan, el banco no quiere quedarse con unos terrenos que carecen del valor previsto porque todo apunta a que no van a ser recalificados. De haber llegado Ikea, las cantidades pagadas por la multinacional sueca habrían ido a cancelar el crédito sobre estos terrenos. En cualquier caso, la hipoteca de Rabasa sería sólo una parte de la deuda del grupo con el Sabadell, ya que durante los años del «boom», Urbanika se dedicó a comprar suelo hasta acumular una deuda que, en el caso del Sabadell, rondaría ahora los 140 millones de euros.