El grupo municipal del PP se da de plazo hasta la próxima semana para pedir la ejecución del auto dictado por una jueza de Alicante en el que obliga al tripartito a reponer el nombre de las calles franquistas en respuesta al recurso presentado por los populares en el que alegaban que «algunos cambios no estaban justificados» y que la modificación del callejero debió aprobarse en el pleno municipal, tal y como constaba en el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica. «Si siguen desautorizando a la juez y se niegan a acatar la decisión, pediremos la ejecución del auto que están desobedeciendo. Y así que sea la juez la que les ponga un plazo de 5 o de 10 días», afirmaron ayer fuentes del grupo municipal popular, que esperan que el equipo de gobierno empiece la próxima semana a acatar el auto judicial para así no obligarles a pedir la ejecución de la resolución judicial.

El pasado jueves se cumplieron cuatro semanas desde que la jueza paralizó de manera cautelar el cambio de calles franquistas y, además, ordenó al tripartito a reponer las placas ya cambiadas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El tripartito, que sigue manteniendo que los nombres se «cambiarán a la mayor brevedad posible, tal y como reza el auto», tardó previamente cuatro semanas en iniciar el cambio de las placas de las calles franquistas una vez que dio el visto bueno la Junta de Gobierno del 15 de noviembre. Y es que el 13 de diciembre, el equipo de gobierno, en un acto público al que asistieron los concejales Simón (Estadística) y Espuch (Memoria Histórica), procedió a retirar la primera placa, de las casi medio centenar, con connotaciones fascistas de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, defendió la gestión municipal en la polémica por las calles franquistas y la aplicación del auto. «Esta mañana [por ayer] he hablado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Nosotros hemos presentado un recurso al auto de medidas cautelares alegando dos nulidades que pueden dar lugar a la suspensión del auto de medidas provisionales. El PP está ahora en plazo de contestar a ese recurso y, una vez lo haga, se decidirá si se suspende o no la paralización cautelar. Los servicios jurídicos me dicen que esperemos un poquito porque cambiarlas y que luego la jueza suspenda la medida cautelar y que haya que volver a ponerlas rozaría el esperpento máximo», explicó ayer el dirigente socialista, quien subrayó además que «la administración tiene, como sabe Barcala, dos meses para cumplir el auto judicial».