Los empresarios reclamaron que la Ley de Financiación del Transporte Público establezca un marco global que permita tranferir recursos entre la movilidad privada y la pública, considerando «desde el primer momento el sistema de transporte colectivo urbano e interurbano como un servicio de interés general de carácter universal». Para los empresarios, la Administración debe adoptar el precepto del que «quien contamina paga» y las reduciones, bonificaciones y subvenciones a las tarifas del transporte público deberán ser asumidas «por las entidades responsables mediante convenios».
La patronal denunció que el sistema actual no es homogeneo, al haber ciudades que reciben 0,05 euros de subvenciíon por habitante mientras en otras la cantidad sea de 20 euros. «El reparto de las aportaciones estatales se realiza mayoritariamente en proporción al déficit de la empresa, lo que no ayuda a fomentar una gestión eficiente», según Atuc.
