La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc) hizo ayer pública en Alicante, durante una jornada nacional para chequear el modelo actual del transporte urbano en España, la denominada «declaración de Alicante», con la que las empresas gestoras (3.000 millones de viajes al año, 130 empresas y 49.000 trabajadores) exigen al Gobierno una Ley de Financiación que incluya nuevos impuestos para mantener la viabilidad de un sistema «caduco e insostenible», según Miguel Ruiz, presidente de Atuc.
En este sentido, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, anunció que el Ayuntamiento recurrirá ante el Ministerio de Hacienda la decisión de gravar con un 10% el importe de las subvenciones al transporte urbano. «Nos consideran prestaciones de servicios cuando lo que hacemos es subvencionar el transporte. Hay que corregirlo y recurriremos».
Las empresas operadoras plantean, entre otras opciones, que la legislación dote de fondos estables al sistema mediante la obtención de ingresos tributarios específicos, como recargos sobre las actividades de las «medianas y grandes superficies comerciales», que se benefician ahora de las redes de transporte público que les acercan clientes.
Otra fórmula sería fijar contribuciones especiales «para el transporte sostenible durante las grandes concentraciones donde se reúnan puntualmente miles de personas como son los acontecimientos deportivos y culturales». De esta forma colaborarían en el mantenimiento del modelo, según las empresas del sector.
El anuncio se realizó durante la jornada organizada por Atuc junto a la Diputación y la Federación Nacional de Municipios y Provincias, en la que se analizó en el Marq la problemática del transporte público en España, falto de financiación y en algunos municipios casi insostenible.
El uso masivo de coche particular (44% de los desplazamientos en el área metropolitana Alicante-Elche) provoca que cada ciudadano pierda al año más de veinte horas de atascos, impactando negativamente en la economía de su zona y en el conjunto de España.
Su coste para el ciudadano, según la patronal, cuatriplica al que soporta el se traslada en autobús, tren, tranvía o metro. Además, en la jornada se reveló que el transporte privado genera un conjunto de derivadas negativas, especialmente dañinas por la contaminación que produce. En estos momentos, el exceso de tráfico provoca que más 30 ciudades españolas superen los límites de partículas contaminantes en suspensión recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Alicante se salva.
Según Atuc, teniendo en cuenta que cuanto mayor es el núcleo de población más complejo resulta atender la necesidades de quienes lo habitan, las grandes aglomeraciones con poblaciones superiores a los 500.000 habitantes (Alicante-Elche) debieran disponer de contratos programa específicos que «contemplen sus particularidades de manera independiente al resto del sistema, al contar con varios modos de transporte como metro, tranvía, autobuses que hacen más costosa su financiación». En la jornada paticiparon responsables de empresas de transporte público de varias ciudades españolas como Valencia, Málaga o Bilbao.
