Echávarri no acude al acto de conciliación en los juzgados con Gran Vía Sur

La entidad vecinal, a través de su vicepresidente José Manuel Santamaría, presentó una denuncia en los juzgados contra el regidor alicantino por vincular sus reivindicaciones contra la descarga de graneles con el cobro de subvenciones públicas. Las dos partes estaban citadas esta mañana (9.30 horas) en un acto de conciliación al que no ha acudido Echávarri, amparándose en su derecho legal de no asistir a la cita en la sede judicial ubicada en la avenida Catedrático Soler.

Los vecinos han llevado al alcalde a los tribunales por unas declaraciones realizadas a principios del pasado mes de noviembre, en las que Echávarri criticaba a la citada asociación de vecinos por sus continuadas acusaciones contra la descarga de graneles en el puerto. «Entiendo que en el momento en el que se demuestre que allí no hay contaminación hay asociaciones que van a perder su 'leit motiv' y sus subvenciones, pero les pido que esperen. No hay que usar esto como caballo de batalla para seguir en intereses partidistas y personalistas», declaró el dirigente socialista hace casi cuatro meses, poco después de que la Generalitat Valenciana exigiera medidas para comprobar que el movimiento de graneles en el puerto no era contaminante. Echávarri insistió en aquel momento que, como alcalde, «no iba a permitir unos índices que contaminaran a nadie», a la vez que añadió que los propios trabajadores del Puerto «no defenderían la actividad si hubiera riesgos para ellos y para sus familias».

En el escrito previo remitido al juzgado por la asociación vecinal se acusa a Echávarri de ser «testigo» de los «daños personales» de la «contaminación pulverulenta» procedente del puerto, porque «conoce los materiales que se manejan, además de ser «conocedor de la peligrosidad de su inhalación», especialmente para los «colegios cercanos al Puerto». En la denuncia, los residentes de la zona sur defienden también que Echávarri es «conocedor de que la contaminación se sigue produciendo, a pesar de que se han tomado medidas como las barreras antipolvo». Tras conocerse la interposición de la denuncia de los vecinos ante el juzgado, Echávarri insistió en que no le iban a hacer «claudicar» en su defensa de los trabajadores del Puerto.

«Lo único que pretenden es coartar la libertad de expresión a favor de la que siempre hemos luchado tanto mi partido como yo. No quieren que se escuche a ninguna voz defendiendo a los trabajadores del puerto», afirmó el regidor socialista hace menos de un mes. Según argumentó en su denuncia la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, las declaraciones del alcalde de Alicante que motivaron las acciones judiciales se realizaron con «manifiesto desprecio a la verdad», ya que «debido a los cargos públicos que ocupa ­[en referencia a su condición de alcalde y de miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria] tiene acceso a la información de que esta asociación» ha recibido durante los últimos tres años una subvención que rondaría los 150 euros.

«Tales declaraciones se realizaron a sabiendas del descrédito y menoscabo que conllevan para los componentes de la junta directiva y para la misma asociación», según se recoge en el escrito presentado por los denunciantes ante el juzgado de primera instancia de Alicante.