Padres de alumnos de tres colegios de la playa de San Juan y otro de La Nucía, miembros de la asociación Idiomas y Educación, han decidido impugnar el nuevo decreto de plurilingüismo y alertan de que sus contenidos son «el pistoletazo de salida para catalanizar la Comunidad».
El colectivo ha recibido el respaldo hasta el momento de casi 2.500 firmas a través de change.org a un escrito de denuncia en el que reclaman a Educación que «el castellano no sea discriminado ni en la dotación de recursos a los centros ni en lo referido a las certificaciones».
Sostienen que el decreto vulnera además de la Constitución sobre el derecho a usar el castellano, el Estatuto de Autonomía en cuanto a la discriminación por razón de la lengua; así como la ley de Educación sobre el derecho a recibir la enseñanza en castellano y demás lenguas cooficiales.
«Más inglés»
Estas familias reclaman un mismo trato para el valenciano y el castellano «sin artificios asimétricos ni parcialidad en su aplicación», y sostienen que el decreto provoca una «doble discriminación» del castellano por «el distinto porcentaje de uso del inglés en los niveles de intensificación del valenciano».
También piden con el respaldo de miles de firmas un plan «como primer paso», que garantice el nivel de inglés de los profesores»; la publicación previa de esa dotación para que favorezca los cambios; y la reducción de los seis niveles plurilingües establecidos «dejando los extremos de intensificación del castellano y valenciano, y reforzando el inglés por igual en los dos niveles».
Advierten de que el inglés que se impartirá según del nuevo decreto irá del 13% en el nivel más básico a tan sólo el 23% en el nivel más avanzado, mientras que la progresión del valenciano irá de un 30% a un 53% en los mismos términos; y la del castellano, del 57% al 23% conforme se va subiendo de nivel.
