Comisiones Obreras considera que la reestructuración de la Policía Local de Alicante es «contraria a derecho», por lo que ha exigido, a través de un escrito presentado el pasado lunes en el Registro municipal, que se «anule el procedimiento» de la Orden General de Cambios publicada el pasado 24 de enero con los nuevos destinos. El sindicato, en su texto, denuncia que las adscripciones provisionales [los puestos que deben ocupan los agentes una vez consolidados los cambios en la organización interna] que ha publicado la Concejalía de Seguridad, dirigida por el socialista Fernando Marcos, no se corresponden con la estructura que se dio a conocer previamente y en la que se ampararon los agentes para pedir el nuevo destino en el Cuerpo.
Según el escrito del sindicato, «sólo se ajusta la unidad GOIR [Grupo Operativo de Intervención Rápida] a la estructura publicada» con anterioridad, ya que el «resto de unidades reflejan cambios sustanciales en cuanto al número de efectivos por turno, sistema de trabajo y destino». Es decir, el sindicato resalta que los agentes pidieron destino en base a una estructura que la concejalía ha cambiado a la hora de publicar los puestos provisionales. «Entendemos que la actuación irregular de modificación de la Orden de Cambios es contraria a derecho y supone la indefensión de las personas interesadas en el procedimiento y un ataque frontal a la buena fe y confianza legítima que debe presidir toda actuación pública», asegura CC OO en el Ayuntamiento de Alicante a través de su delegado de Policía Local.
El sindicato explica en su escrito que el pasado 13 de diciembre se publicó la Orden General de Cambios de destino, en la que se incluía el nuevo organigrama y la distribución de personal en las unidades. Mientras, el plazo para la presentación de solicitudes por parte de los agentes de la Policía Local finalizó el pasado 5 de enero. Veinte días después de esa fecha, la Concejalía de Seguridad publicó la orden general de cambios con las adscripciones provisionales, «procediéndose a la sustitución del anexo 2 por un nuevo anexo 2 con modificaciones sustanciales al del 15 de diciembre, sin comunicación previa a los interesados y secciones sindicales».
La reestructuración de la Policía Local promovida por el alcalde Echávarri Echávarriy diseñada por el jefe del Servicio Jurídico Administrativo de la Concejalía de Seguridad, el inspector Diego Maroto, provocó la protesta de mandos intermedios del Cuerpo, que consideraron una «involución» los cambios incluidos en el primer borrador, que luego sufrió cambios tras las críticas. Así, Seguridad dio marcha atrás, por ejemplo, en su intención de unir las unidades de Violencia Doméstica y Atestados, aunque mantuvo la supresión de la patrulla de Vía Pública, encargada de los veladores.
Con la orden general de cambios publicada por la Concejalía con los nuevos destinos, CC OO sostiene que «la unidad canina no podrá prestar servicio durante la mitad del año». Desde la Concejalía de Seguridad, el edil Fernando Marcos defendió ayer que la estructura «no ha cambiado», aunque subrayó que todavía no había «estudiado» el escrito presentado por el sindicato. «Vamos a intentar evitar que se anule el proceso», añadió Marcos.
