El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), se sumó ayer a la manifestación convocada por una veintena de asociaciones para protestar contra la descarga de los graneles en superficie, una actividad que respalda el Puerto y que cuenta también con el apoyo del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri. De hecho, una de las pancartas que ayer se exhibieron durante la manifestación iba dirigida contra el regidor socialista, a quien los vecinos invitan a que se vaya a vivir a la zona sur de Alicante para que sufra en sus propias carnes las consecuencias de la descarga a cielo abierto de los graneles.
Tal es el enfrentamiento entre los vecinos de la zona y el alcalde, que la Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur ha denunciado a Echávarri en los tribunales por presuntas injurias. A la protesta de ayer sólo fueron cargos municipales de Guanyar, ya que junto a Pavón se pudo ver al edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez. También estuvo presente la diputada de Podemos Rita Bosaho.
En total, unos seiscientos vecinos de los barrios afectados por las nubes de polvo que genera la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante respondieron ayer a la llamada de la plataforma creada por la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto para exigir que en los muelles 11, 13 y 17 la actividad (cemento y clíncker) se realice en naves o silos cerrados. Una petición que sigue en el aire hasta comprobar si dentro de un año las medidas correctoras impuestas por la Conselleria de Medio Ambiente surgen efecto.
A la protesta junto al colegio público Benalúa asistió el responsables de Urbanismo, el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, hasta ahora máximo y, prácticamente, único defensor en el Ayuntamiento de la construcción de naves cerradas. Una polémica que mantiene enfrentados a los trabajadores del Puerto con los vecinos, ya que los primeros aseguran que ningún informe médico hecho al colectivo confirma las acusaciones de la asociación Gran Vía Sur-Puerto sobre las afecciones pulmonares y cutáneas. En este sentido, las empresas graneleras han presentado en el Ayuntamiento una declaración responsable para obtener licencia municipal, pero la documentación es «insuficiente», según manifestó ayer Pavón.
La marcha, escoltada por efectivos de la Policía Local y de la Nacional, transcurrió sin ningún tipo de incidente y tampoco provocó grandes retenciones en el tráfico, aunque durante la primera parte se llegó a cortar un tramo de la avenida de Elche.
El Puerto mantiene desde el primer día que el movimiento de graneles cumple con todas las normativas y desde la asociación de trabajadores se alerta, incluso, de que las medidas que reclaman los vecinos supondrían un coste inasumible en relación al volumen de granel que entra y sale por Alicante. Actividad que, sin embargo, creció un 60% el año pasado. El Puerto, por su parte, ya ha licitado por 2,4 millones de euros el concurso público para instalar estaciones medidoras de la contaminación del aire, uno de los requisitos que le pidió el Consell para concederle la autorización ambiental que permite seguir con la operativa hasta dentro de un año en que volverá a revisarse.
Los vecinos insisten en que la «cruzada» no va contra la actividad portuaria, pero seguirán luchando por su principal objetivo: que la carga y descarga de cemento y clíncker en los muelles 11, 13 y 17 se realice en naves o silos cerrados como sucede, según la plataforma, en los puertos de A Coruña, Málaga y Santander. Los vecinos temen que las medidas anunciadas por el Consell y el Puerto no den resultado.
La plataforma repartió ayer en la marcha un folleto en el que explican las razones que les han llevado a movilizarse. En estos momentos tienen planteadas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, los tribunales de Alicante y la Unión Europea. Los afectados sostienen que la descarga de graneles a cielo abierto que se realiza en el Puerto emite partículas que el viento esparce por la ciudad «con riesgo de provocar problemas respiratorios, cardiovasculares y del sistema inmunitario».
