La patronal que agrupa a las empresas que prestan el servicio del transporte público en España alerta de que el modelo de ayudas del Gobierno se ha quedado completamente obsoleto y es arbitrario, y en estos momentos las subvenciones que reciben los municipios son insuficientes, por lo que se podría hasta poner el riesgo el servicio en algún municipio por la falta de fondos para sostener su transporte. Alicante, donde el equilibrio se mantiene de forma aceptable, es una de las ciudades españolas que sufre esta discriminación, al recibir tan sólo tres euros por habitante en relación, por ejemplo, con Palma de Mallorca, que recibe el doble (6,5 euros) y cuenta con solo 70.000 vecinos más y red metropolitana mucho más corta que la de Alicante.
La Asociación de Gestoras de Transporte Colectivo Urbano (Atuc) exige, en este sentido, al Ejecutivo de Mariano Rajoy que se redacte la Ley de Financiación del Transporte Público -España es el único estado de la UE que carece de legislación al respecto- para poner orden el sistema. La patronal reclama que a la hora de conceder la ayudas, los criterios se repartan y no suceda como ahora, que el 85% de la subvención va en función del déficit del billete. Los empresarios exigen que se incorporen criterios como la demanda, factores ambientales (medios más sostenibles) y la longitud de las redes.
Una ley que, por ejemplo, prime el uso del transporte público con impuestos indirectos como gravar los coches de alta gama o los que más contaminan. El desequilibro es tal en España, que hay ayuntamientos que reciben cinco céntimos por habitante y otros 20 euros.
La falta de equidad en el reparto de subvenciones públicas forma parte de un problema más grande y que no es otro, según la patronal, que la falta de una Ley de Financiación del transporte público con la que se ponga orden y regule con criterios de eficiencia el reparto de fondos para costear el sistema.
En la actualidad, el transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos. Sin embargo, al no haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto de Europa, no está determinado qué debe aportar cada administración, ni bajo qué criterios.
Para Atuc esta ley de financiación que debe abordar cuanto antes el Gobierno tiene que basarse en tres pilares fundamentales: establecer un reparto de costes, mejorar la dotación de fondos estatales gracias a la recaudación de ingresos tributarios específicos y asignar recursos con criterios más simples y que incentiven el uso del transporte público.
Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, «el transporte público es un pilar del estado de bienestar, pero España carece de una ley que ponga los puntos sobre las íes a los recursos que recibe para hacer posible un buen funcionamiento del sistema, del que se benefician cada día 5 millones de personas. Con ella los municipios recibirían los fondos con criterios de equidad y eficiencia, en lugar de subvencionar con arreglo al déficit del billete, algo incoherente si queremos un sistema eficaz»-
Los billetes son solo una parte de los ingresos destinados a costear el transporte público, que requiere además de fondos públicos para completar sus necesidades de financiación. Así, cada año, la Administración central distribuye entre los municipios una cantidad ?que en 2016 ascendió a 51 millones de euros- de la que el 85% se reparte de acuerdo al déficit del billete. Sin embargo, otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que, a priori, deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención, según la patronal.
Si bien se asume que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, ya que si el sistema se financiara sólo por ingresos de los usuarios los billetes serían mucho más caros, para la asociación este reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce desequilibrios.
De hecho, en el reparto de subvenciones que da el Estado se da la circunstancia de que la ciudad que más recibe (excluyendo a Madrid, Barcelona, y Canarias que tienen contratos programa específicos) es Zaragoza, con 9,1 euros por habitante. Sin embargo, una ciudad como Valencia, con una longitud de red parecida pero con más población recibió 7,6 euros. Y en Alicante pasa igual.
Este desequilibrio también es visible entre aquellas ciudades que menor subvención reciben. La que menos es Estepona (Málaga), 0,4 euros, una cantidad inferior a la de poblaciones como Cambrils (Tarragona), con la mitad de habitantes pero que recibe más del doble, 0,9 euros.
