24 de enero de 2017
24.01.2017

6.000 dependientes reclaman indemnización patrimonial por el copago que aplicó el PP

Las plataformas piden que los afectados soliciten al Consell por vía administrativa el dinero que pagaron o les quitaron entre 2012 y 2015

24.01.2017 | 02:49

Indemnizar por lo que el anterior Gobierno de la Generalitat legisló de manera errónea. Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana están haciendo un llamamiento masivo para que los dependientes afectados por los recortes del anterior gobierno autonómico reclamen a la administración actual todo el dinero cobrado de manera irregular o que dejaron de percibir entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015.

Un llamamiento que se produce tras una reciente sentencia que declara nulo tanto el copago aplicado por el anterior gobierno de la Generalitat para aquellos usuarios de los centros de día y ocupacionales, como el recorte que se aplicó en la Comunidad al salario de los cuidadores de personas dependientes.

«Queremos que la gente sepa que existe un plazo concreto para reclamar este dinero por vía administrativa, mediante solicitud de responsabilidad patrimonial», señaló ayer Mari Carmen Prats, coordinadora de las plataformas. Cerca de 6.000 dependientes en la Comunidad Valenciana se vieron afectados en su momento por estos recortes y por tanto podrían acogerse a esta vía, aunque algunos de ellos ya acudieron a la judicial, lo que amenaza con colapsar la Conselleria de Igualdad.

Fuentes cercanas al departamento de Mónica Oltra señalan que la vía de la responsabilidad patrimonial está ahora mismo saturada debido a los recursos de los familiares de los dependientes que fallecieron esperando las ayudas y por la falta de funcionarios. No en vano, la Conselleria de Igualdad ha reclamado 251 funcionarios más para poder hacer frente al atasco de trabajo, según se ha puesto de manifiesto a través del Plan de Recursos Humanos que la Conselleria de Justicia entregó antes de las pasadas navidades a los sindicatos.

Ante esta amenaza de colapso, las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia han pedido a la Conselleria de Igualdad que actué de oficio y devuelva este dinero a los dependientes.

La sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana a la que se acogen las plataformas para que los dependientes reclamen tiene fecha del 15 de marzo de 2016 y fue presentada por la abogada Sandra Casas, antes de entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat como secretaria autonómica de la Dependencia. En enero de ese mismo año la Conselleria de Igualdad ya había derogado el copago en los centros de día y ocupacionales de la Comunidad, pero la sentencia de Casas abrió la puerta a reclamar las cantidades cobradas de manera irregular entre el año 2012 y el 2015.

La sentencia fue publicada en el DOGV el pasado mes de julio y a partir de entonces, según explica Sandra Casas, «los dependientes tienen un año para reclamar estas cantidades mediante una solicitud de responsabilidad patrimonial». Casas, quien abandonó a petición propia el cargo de secretaria autonómica hace unas semanas, señala que la sentencia que ganó, y a la que siguieron otras, «es el fruto de la lucha de las personas que llegaron hasta el final y ahora todos pueden beneficiarse gracias a esos valientes». Casas recuerda que estas sentencias se dictaron en 2016, cuatro años después de que se aplicaran estos recortes. «El sistema falla cuando es más fácil llegar al Gobierno para derrotarlo desde dentro que ir a los tribunales para obtener una sentencia favorable para los ciudadanos», afirma.

Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia ya han elaborado, con la ayuda de la abogada alicantina Paloma Cascales, un documento para aquellas personas que quieran acogerese a la solicitud de responsabilidad patrimonial. Desde estas entidades recuerdan que las personas en situación de dependencia «tuvieron confianza en la Administración, creyendo que era su obligación participar en el coste del servicio en el caso del copago en centros y desconocían el motivo por el cual se produjo la drástica reducción en la cuantía de la prestación económica a los cuidadores no profesionales, puesto que no se dictó ninguna resolución que comunicara esta minoración».

Las persones dependientes «no disponían de medios y conocimientos para oponerse a tal acto administrativo pero la nulidad de estos preceptos hace desaparecer el fundamento del deber jurídico de soportar el daño patrimonial que supuso abonar unas cuantías que no les correspondían o la minoración en las prestaciones y hace surgir la responsabilidad patrimonial de la Administración».

La presentación de las solicitudes tiene que hacerse por Registro Oficial, en ventanilla única a los ayuntamientos, en el edificio Prop de Alicante, en conselleria, por correo o por registro electrónico con firma digital. Las plataformas de la Dependencia recuerdan además que a este procedimiento pueden acogerse aquellos dependientes que no han reclamado las cantidades adeudadas a través de otras vías. Mari Carmen Prats señala además que este tipo de reclamaciones, al contrario que la vía judicial, no supone ningún tipo de coste para los dependientes.

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