La Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por el socialista Carlos Giménez, retirará hoy del orden del día de la mesa negociadora prevista para esta mañana el punto relativo al reconocimiento de pago de productividades a funcionarios municipales.

Y todo por la falta de consenso existente, tanto en los grupos políticos como en los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, según confirmaron ayer fuentes cercanas al área de Recursos Humanos.

Entre las cuestiones que se iban a votar destacaba una propuesta para subirle 266 euros al mes el sueldo el inspector Diego Maroto, jefe jurídico de Seguridad y hombre fuerte del alcalde Echávarri en una de los departamentos dirigidos por el grupo socialista.

En concreto, la concejalía en manos de Fernando Marcos alegaba que el área «precisaba de asistencia y colaboración permanente en cuestiones de Seguridad, tanto el ámbito jurídico como administrativo y de organización» y que «para esas tareas se ha asignado al jefe de Departamento Jurídico de Seguridad la participación y asistencia a las reuniones y comisiones de trabajo en las que, con asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y profesionales [...], participa esta concejalía».

En la propuesta para mejorar las condiciones laborales del inspector Maroto, protagonista esta semana de una nueva polémica al desvelar este diario que retiró su vehículo del depósito sin pagar la grúa, se argumentaba además que las citadas funciones «implican una actividad extraordinaria no contraprestada puesto que en la RPT actual no está prevista dicha dedicación por lo eventual de las circunstancias [...] por lo que se pueden retribuir las funciones encomendadas a Maroto mediante el abono del complemento de productividad, por la relación de estas funciones de manera temporal».

Con la decisión confirmada ayer por fuentes del área de Recursos Humanos, el pago de productividades a Maroto y a otros funcionarios deberá esperar hasta lograr el consenso de la parte política y social. Consultados por este diario, al menos tres de los sindicatos con representación municipal (UGT, CC OO y CSIF) aseguraron que iban a votar contra las propuestas de pago de productividades a funcionarios, mientras que el SEP anunció que en esa votación se abstendría.

De nuevo, ante la falta de consenso, el PSOE se ve obligado a aplazar una votación, como sucedió la pasada semana con la propuesta de crear dos direcciones generales para ascender a los asesores de Comercio y Fiestas.