La pérdida de la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados ya no permite a los populares aprobar en solitario todas aquellas medidas o proyectos que presentan en la Cámara Baja. Entre ellos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Mejores o peores para los intereses de la Comunidad -las cifras apuntan más bien hacia lo segundo durante los últimos años-, la realidad es que el PP no ha podido consensuar con la oposición, al menos de momento, las cuentas de 2017. ¿Consecuencia? Se han prorrogado los PGE de 2016 y, por ende, el Gobierno central repartirá entre los ayuntamientos el mismo dinero que el pasado año, más un leve incremento por el Índice de Precios al Consumo (IPC), según explican distintos alcaldes consultados por este diario.
La congelación de las entregas a cuenta ha causado malestar entre los primeros ediles alicantinos. Sobre todo, porque al fin se atisba la recuperación económica tras años y años de estrecheces. Y es que las aportaciones que realiza el Gobierno son el principal sustento económico de las entidades locales. Les permiten hacer frente a sus obligaciones diarias, abonar los salarios del personal y acometer inversiones, entre otros muchos aspectos. De ahí que la notificación que el Ministerio de Hacienda ha hecho llegar hace escasos días a los 141 ayuntamientos de la provincia y la Diputación no haya sido acogida precisamente con los brazos abiertos.
El malestar por la prórroga de los Presupuestos no es exclusivo de dirigentes del PSOE o Compromís consultados por este diario. El vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable de Economía, Carlos Castillo (PP), esperaba que este año la corporación provincial hubiese contado con una asignación mayor, aunque prefirió hacer otro llamamiento a Madrid. «Por supuesto que nos hubiera gustado que se incrementaran las entregas a cuenta de este año, pero también es conveniente que se abran las posibilidades para gastar los remanentes de tesorería», explica el también concejal del PP en Alicante. Castillo se refiere de esta forma a la posibilidad de destinar parte de los ahorros a gasto corriente. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda vetaba esa posibilidad y obligaba a las corporaciones locales a reservar esos remanentes para amortizar deuda o, en algunos casos, a acometer inversiones financieramente sostenibles.
Para la Diputación de Alicante, el primer supuesto ya es imposible. Básicamente, porque su carga financiera se encuentra a cero gracias a la política de amortizaciones que acordaron el pasado mandato tanto Luisa Pastor como su entonces diputado de Hacienda, César Augusto Asencio -hoy diputado de Cultura-. Al margen de posibles inversiones, la corporación que ahora preside César Sánchez confía en que el Gobierno central «abra la mano» y permita que parte de sus ahorros se puedan destinar a gastos corrientes. «De esta forma, cada ayuntamiento aprovecharía el dinero para sus prioridades», sostiene Castillo.
La de las entregas a cuenta no ha sido la única notificación que ha realizado el departamento de Cristóbal Montoro a los municipios alicantinos durante las últimas semanas. También les ha recordado que, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, han de remitir a Madrid las líneas clave de sus presupuestos de 2017. Entre los cuadros estadísticos que las entidades locales han de rellenar destacan apartados como la deuda y el periodo previsto de amortizaciones; las inversiones que se pretenden llevar a cabo; la previsión en recaudación de impuestos y tasas; los ajustes de personal; y determinados ahorros, entre otras muchas.
