El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, consideró ayer una «cuestión privada» que el jefe del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad del Ayuntamiento, del que depende la Policía Local entre otros servicios municipales, no pagase la grúa al llevarse gratis del depósito municipal el coche que unas horas antes le había retirado la grúa de la zona azul de la calle Arzobispo Loaces, donde se encuentra la concejalía, por carecer de ticket o de cualquier otra tarjeta que le permitiera aparcar. Echávarri, preguntado ayer por este diario, rehusó entrar a valorar con más detalle que su hombre fuerte en el área de Seguridad, donde Diego Maroto ejerce prácticamente de concejal a la sombra, retirase gratis su vehículo personal del depósito. «No voy a hacer ninguna valoración porque es una cuestión privada, no era el coche de policía», aseguró ayer el regidor socialista.
El vehículo fue retirado a las 13 horas del 3 de enero y llevado hasta el depósito municipal, donde Maroto, al ir a recoger la documentación para tramitar la entrega, colocó en el salpicadero una tarjeta que le permite aparcar en cualquier lugar que no obstaculice la circulación (incluida la zona azul sin pagar), un «permiso» del que disponen concejales y asesores, entre otros, y que se entrega desde la concejalía de la que ahora es jefe de departamento y a cuyo frente se encuentra el socialista Fernando Marcos.
Pese a que los agentes contaban con pruebas de que no había tarjeta alguna en el coche cuando fue retirado, fuentes conocedoras del caso sostienen que Maroto incluso se permitió la licencia de cuestionar airadamente el trabajo de los agentes por habérselo llevado cuando, según él, no debían haberlo hecho al contar con la tarjeta que le da vía libre para estacionar casi donde quiera.
Esas explicaciones de Maroto no convencieron ayer al portavoz del equipo de Gobierno y líder de Compromís en Alicante, Natxo Bellido, quien aseguró que pedirá explicaciones al edil de Seguridad, Fernando Marcos, al que requerirá «información» al respecto del caso. « Si a alguien le ponen una multa tiene que pagarla, sea quien sea», añadió Bellido. Sin embargo, desde el otro socio de gobierno, Guanyar, optaron por guardar silencio y no valorar que el jefe de Seguridad, una concejalía vinculada al PSOE, retire su vehículo del depósito sin pagar el arrastre ni la multa.
Críticos, por su parte, fueron la mayoría de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Alicante. Desde UGT, Marisa Navarro consideró que el asunto es «muy grave», por lo que aseguró que se deben «depurar responsabilidades». «Exigimos que la Concejalía de Seguridad abra cuanto antes una investigación ante la gravedad del asunto. Nadie tiene que retirar su vehículo sin pagar y menos aún el jefe de Seguridad, tiene que dar ejemplo. Si se confirma que Maroto retiró el coche gratis, tiene que dejar inmediatamente de ser cargo de confianza, no puede utilizar su cargo en la concejalía para sacar gratis su vehículo del depósito municipal», añadió Navarro.
En la misma línea se mostraron desde Comisiones Obreras en el Ayuntamiento. El portavoz Antonio de Arriba anunció que pedirá un «expediente de averiguación de hechos» para que Maroto explique lo sucedido en el depósito municipal. «Tiene que demostrar que es un vehículo autorizado», añadió De Arriba.
Igual de contundentes fueron desde el sindicato CSIF, donde Marian Molero subrayó que es el segundo cargo «relacionado» con el PSOE que tiene problemas con la Policía Local, recordando el incidente de la concejala Gloria Vara en el que amenazó con expedientar a un agente que le puso una multa por estacionar su vehículo personal en un carril de circulación, obstaculización el tráfico en las inmediaciones del colegio Franciscanas de San Blas.
Por otro lado, los tres sindicatos (CC OO, UGT y CSIF) anunciaron que durante la Mesa de Negociación convocada para el próximo lunes votarán en contra de la propuesta de subir el sueldo al inspector Maroto (266 euros al mes) por su productividad.
Este diario intentó ayer contactar, sin éxito, con el sindicato SPPLB en el Ayuntamiento, del que Diego Maroto fue portavoz y posteriormente asesor jurídico.
