La Conselleria de Vivienda ha incorporado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para este año una partida de 60 millones de euros para comenzar a pagar a las 1.400 personas cuyas solicitudes de ayudas a la VPO no fueron admitidas a trámite en la pasada legislatura por el gobierno del PP. El Consell reconoce estas ayudas y abre un marco legal para que los afectados puedan tramitar sus solicitudes, según ha anunciado a la plataforma de afectados la directora general de Vivienda, Rebeca Torró.

Por otro lado, Vivienda ha abonado ya 14,8 millones de euros de los que se adeuda a los solicitantes de los denominados «expedientes 501», que fueron reconocidos el año pasado. Se trata de otras ayudas del Consell que estaban aprobadas, pero sin consignación económica. Torró espera saldar la deuda en mayo.

Vivienda habilitó la pasada primavera 40 millones de euros para atender las reclamaciones de los 5.600 compradores -2.360 en la provincia de Alicante- de una vivienda de protección oficial, a los que el anterior Consell no les reconoció la deuda pese a cumplir los requisitos de la convocatoria de ayudas.

Con ello, se aportó la misma «seguridad jurídica» que al resto de afectados por la deuda de 240 millones de euros que sí que está reconocida por la ley y prácticamente se ha pagado ya. Una vez que se acabe con la tramitación de los últimos expedientes de la deuda reconocida, la Conselleria procederá, en un periodo de entre 4 y 6 meses, al pago de las resoluciones 501, que ascienden a 40 millones de euros.

Vivienda ha finalizado prácticamente en los últimos meses con el pago de la deuda que se mantenía desde 2009 con los cerca de 50.000 compradores (la mitad en Alicante) de una vivienda de protección oficial a los que se debía la subvención, pese a tenerla reconocida, por la angustia financiera del gobierno autonómico dirigido por el PP.

La parálisis financiera del Consell del PP dejó en su día plantadas a unas 25.000 familias alicantinas que habían adquirido una VPO y se quedaron sin las ayudas del «cheque-vivienda», pese a tenerlo aprobado en un 80% de los casos. Una subvención de entre 11.000 y 13.000 euros de media que la Generalitat no pagaba desde marzo de 2009.