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José Luis Castedo y su socio niegan el pago de comisiones a través de su despacho

Los abogados reclaman a la Audiencia que anule el auto que les procesa y que archive el caso

Javier Gutiérrez atiende a los medios bajo la mirada de José Luis Castedo el día que declararon ante el juez. j. navarro

Los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez han pedido a la Audiencia que revoque el auto de procesamiento contra ellos por los presuntos amaños del Plan General de Alicante, en el que el juez les imputa delitos de asesoramiento ilegal, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho. Junto a ellos, el magistrado ha llevado al banquillo a los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como al empresario Enrique Ortiz.

El abogado Bernardo del Rosal plantea que el magistrado ha llevado al banquillo a sus representados a pesar de que no existe ninguna prueba de la supuesta participación de ambos en ninguno de los delitos investigados y todo se basa en «sospechas derivadas de las conversaciones telefónicas» y omite las pruebas que exoneran a sus representados. Según asegura no ha quedado probada ni la existencia de una trama organizada para controlar el Urbanismo, ni que se pagaran comisiones a través de su despacho, ni que los letrados investigados presionaran a los técnicos municipales para que hicieran una resolución favorable a sus intereses. La defensa reitera que ninguno de estos extremos ha quedado probado y pide a la Audiencia que archive el caso.

El letrado señala que, tras una investigación que ha durado siete años, en el auto impugnado no consta la más mínima referencia que identifique qué presión habrían hecho sobre los técnicos, ni sobre qué resolución. En esta línea recuerda que todos estos funcionarios declararon en el juzgado totalmente lo contrario. «Nunca habían sido presionados por nadie, ni recibieron sugerencias para cambiar sus opiniones», asegura Del Rosal.

Según el recurso, todas las conversaciones que se toman en cuenta para procesar a los letrados por el PGOU se produjeron durante los meses en que el plan general era un documento público (entre julio y septiembre de 2009) y se les habría dado difusión total desde la web del Ayuntamiento de Alicante, hechos que descartarían la existencia de un delito de revelación de información privilegiada. La defensa rechaza que, tal como sostiene el auto, el exalcalde de Alicante hubiera formado parte de una sociedad perteneciente a los dos letrados. «No sólo es incierto, sino que además se refiere a un periodo en el que no era ni alcalde ni concejal del Ayuntamiento».

El recurso sostiene que el juez se ha apoyado en hechos que no han quedado probados para llevarles al banquillo. Del Rosal insiste en que sus representados jamás recibieron encargo alguno para gestionar suelo en Aguamarga y tampoco en la llamada Ciudad de la Economía y los pagos efectuados por la mercantil GM a los redactores del Plan General no tiene nada que ver con estos trabajos, sino que obedecen a un proyecto de reparcelación en Monforte del Cid. Del mismo modo, insiste en que el único trabajo realizado para un mercantil de Ortiz fue el referido a un sector de suelo urbanizable en Santa Pola. El recurso del letrado asegura que algunos pagos cuestionados por el juez «son reales y efectivos» y que las acusaciones no han aportado dato alguno que permita impugnar esta afirmación. Del Rosal insiste además en que el juez tampoco concreta cuáles son esos trabajos supuestamente ficticios, ni ha quedado demostrada la existencia de trama societaria alguna para controlar el urbanismo de la ciudad. Según la defensa, ni constan las supuestas actividades de esta trama, ni quiénes se han visto privados de desarrollar una actividad urbanística. En sentido, asegura que el auto es «una construcción basada en presunciones de sospecha, sin ningún apoyo en la realidad».

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