La Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, a través de su vicepresidente José Manuel Santamaría, ha presentado una denuncia en los juzgados contra el alcalde de Alicante, al socialista Gabriel Echávarri, al que acusan de haber vinculado las reivindicaciones de la entidad frente a las descargas de los graneles en el puerto al cobro de subvenciones públicas.
Las dos partes están citadas el próximo 7 de febrero, a las 9.30 horas, en un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por un presunto delito de injurias, previsto y penado en los artículos 208 y siguientes del Código Penal, injurias presuntas contra la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur, muy combativa ante la descarga de graneles en el puerto.
En el escrito remitido por la asociación vecinal al juzgado, al que ha tenido acceso este diario, los denunciantes acusan a Echávarri de ser «testigo» de los «daños personales» de la «contaminación pulverulenta» procedente del Puerto, porque «conoce los materiales que se manejan, además de ser «conocedor de la peligrosidad de su inhalación», especialmente para los «colegios cercanos al Puerto». De hecho, recientemente se instalaron medidos de aire en el colegio de Benalúa antes las quejas vecinales y del centro educativo. En la denuncia, los residentes de la zona sur defienden también que Echávarri es «conocedor de que la contaminación se sigue produciendo, a pesar de que se han tomado medidas como las barreras antipolvo».
Los vecinos llevan al alcalde a los tribunales por unas declaraciones realizadas a principios del pasado mes de noviembre, en las que Echávarri criticaba a la citada asociación de vecinos por sus continuadas acusaciones contra la descarga de graneles en el puerto. «Entiendo que en el momento en el que se demuestre que allí no hay contaminación hay asociaciones que van a perder su ´late motiv´ y sus subvenciones, pero les pido que esperen. No hay que usar esto como caballo de batalla para seguir en intereses partidistas y personalistas», declaró el dirigente socialista la segunda semana de noviembre, poco después de que la Generalitat Valenciana exigiera medidas para comprobar que el movimiento de graneles en el puerto no era contaminante. Echávarri insistió en aquel momento que, como alcalde, «no iba a permitir unos índices que contaminaran a nadie», a la vez que añadió que los propios trabajadores del Puerto «no defenderían la actividad si hubiera riesgos para ellos y para sus familias».
«No me harán claudicar»
Preguntado por la denuncia interpuesta por la asociación vecinal, Echávarri insistió ayer en que no le van a hacer «claudicar» en su defensa de los trabajadores del Puerto. «Lo único que pretenden es coartar la libertad de expresión a favor de la que siempre hemos luchado tanto mi partido como yo. No quieren que se escuche a ninguna voz defendiendo a los trabajadores del puerto», afirmó ayer el regidor socialista, que se mostró tranquilo ante el acto de conciliación previsto para principios del próximo mes de febrero.
Según la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, las declaraciones del alcalde de Alicante que han motivado la denuncia se realizaron con «manifiesto desprecio a la verdad», ya que «debido a los cargos públicos que ocupa [en referencia a su condición de alcalde y de miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria] tiene acceso a la información de que esta asociación» ha recibido durante los últimos tres años una subvención que rondaría los 150 euros. «Tales declaraciones se realizaron a sabiendas del descrédito y menoscabo que conllevan para los componentes de la junta directiva y para la misma asociación», según se recoge en el escrito presentado por los denunciantes ante el juzgado de primera instancia de Alicante.
La Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, junto a una veintena más de entidades, ha convocado una manifestación, para el próximo 27 de enero, en protesta contra la contaminación de los graneles.
