El Puerto de Alicante ha consignado para este año un total de siete millones de euros para la mejora de sus infraestructuras repartidos en dos proyectos clave, las medidas para minimizar el impacto del polémico movimiento de graneles y, por otro lado, la prolongación del muelle 13 -la licitación se publicó anteayer en el Boletín Oficial del Estado por 3,1 millones de euros-, en un momento en el que este tráfico de granel ha crecido un 64%, con 1,8 millones de toneladas hasta el pasado mes de noviembre. Estos son los dos grandes proyectos portuarios en Alicante este año a la espera de ver si el Ministerio de Fomento termina moviendo ficha y decide conectar el puerto en ancho internacional con el Corredor Mediterráneo. Actualmente existen dos líneas con Madrid con trenes que mueven contenedores pero en ancho ibérico.
La prolongación en 74 metros el muelle 13, con una linea de atraque de 4.350 metros cuadrados, costará 3 millones de euros y servirá para mejorar el movimiento de mercancía general y trafico ro-ro (remolques de camiones). No obstante, el buen momento del Puerto ha hecho que su tráfico estrella, los graneles, se hayan tratado también en otros muelles en función del las necesidades. Argelia y Canarias siguen siendo los principales clientes del puerto alicantino.
La Generalitat concedió a finales del año pasado la licencia ambiental para legalizar la emisión de partículas a la atmósfera, permitiendo, de momento, que la operativa del muelle 17 siga desarrollándose al aire libre. El Consell considera suficiente, en una primera fase, para prevenir la contaminación del aire con que se mejoren las pantallas cortavientos, se moje el material y se reduzca la altura de las montañas de granel en los muelles, además de la instalación de cuatro nuevos medidores para controlar la emisión de las partículas. No obstante, también se trasladó al Puerto que debía iniciar la tramitación para la construcción de naves cubiertas -la solución ideal para la Concejalía de Urbanismo- en el caso de que las medidas que se van a adoptar no solucionan la posible contaminación por la emisión de partículas.
La Dirección Territorial de Alicante ya alertó, en este sentido, el pasado junio que se debía negar la licencia si el Puerto no pasaba a mover los graneles en naves o silos cerrados. El Puerto recibió aliviado la autorización que, según el Consell, genera unos costes de más de cuatro millones de euros, pero sin variar sustancialmente la operativa, al no incluir las naves o silos cerrados que reclaman los vecinos y que, según fuentes del sector, podrían elevar la inversión a casi 20 millones.
Los vecinos de Gran Via Sur-Puerto han dejado la reclamación judicial y administrativa en manos de la organización de consumidores José María Mena, y es independiente de la denuncia de noviembre de 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento y el propio Puerto a los que acusan de un presunto delito de prevaricación por omisión al permitir la operativa sin la licencia ambiental preceptiva, que se ha concedido por un año.
