«El Ayuntamiento de Alicante, pese a tener conocimiento de un recurso contencioso administrativo y de la apertura de la correspondiente pieza de medida cautelar -cuyo objeto era someter a la consideración del tribunal la procedencia o no de la ejecución del acto administrativo- procedió de manera precipitada e inmotivada -dado que no concurrían razones de urgencia que justificaran tal inmediato proceder- a iniciar la ejecución del acto administrativo impugnado, retirando las placas de rotulación de las vías publicas afectadas y colocando en su lugar otras placas con las nuevas denominaciones, así como comunicando el contenido del acuerdo a las personas, entidades, organismos afectados por dicho cambio, y a los jefes de los distintos ámbitos y unidades administrativas municipales». Con esta rotundidad se pronunció ayer la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, en un auto en el que decreta la paralización del cambio de calles franquistas y el «restablecimiento a la mayor brevedad posible» de las placas antiguas en lugar de las nuevas denominaciones. Una implantación que empezó hace justo un mes con la retirada de la calle Adolfo Muñoz Alonso, que pasó a llamarse de Las 27 Constituyentes, y que aún no había acabado, ya que según la Concejalía de Estadística, en manos de Guanyar, todavía quedan a día de hoy al menos cinco vías por modificar de las 46 previstas.

Con estas medidas cautelares respondió ayer el tribunal al recurso presentado por el grupo municipal del PP en Alicante el pasado 7 de diciembre, tras la decisión adoptada por la Junta de Gobierno, el 15 de noviembre, de cambiar de nombre calles y plazas de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Los populares llevaron a los tribunales el acuerdo del tripartito, que no pasó por el pleno municipal, al «considerar que no se cumplían los requisitos de la Ley de Memoria Histórica». El PP planteó «que algunos cambios no están justificados, como el de la plaza de Calvo Sotelo, así como que el acuerdo de cambio de nombre de vías públicas debió adoptarse en pleno municipal por tratarse del órgano competente, como consta en el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica». Además, los populares alertaron del posible «perjuicio económico» para los comerciantes afectados por la medida impulsada por el tripartito y el daño moral «de difícil reparación» para los vecinos, a quienes «no se había consultado» la modificación de las calles.

En su auto, la jueza cita como jurisprudencia dos resoluciones del Tribunal Supremo en las que se concluye que la administración no puede ejecutar un acto que ha sido recurrido y sobre el que se ha solicitado la adopción de medidas cautelares. A estas observaciones, la titular de juzgado alicantino añade que en aplicación de la doctrina es «evidente» que el tripartito, al haber ejecutado el acto administrativo pese a conocer la tramitación de la medida cautelar, «hurtó tal competencia al órgano judicial». En su momento, tras criticar el PP las «prisas» del tripartito por cambiar las placas en las que se detectaron incluso errores, el concejal de Estadística, Daniel Simón, concluyó que prefería erratas en las calles que «un día más con placas fascistas».

Al auto, con fecha de ayer, cabe recurso de apelación, aunque el PP sostiene que no tendría «efecto suspensivo». Los populares, en esa línea, sostienen que el proceso se alargará varios años en los tribunales, por lo que consideran «casi imposible» que el definitivo cambio de calles franquistas se realizase durante este mandato, que finaliza en mayo del año 2019.