Los tribunales de la Comunidad Valenciana abrieron juicio o procesaron por delitos contra la corrupción a 51 personas en un total de 20 casos entre julio de 2015 y el pasado mes de septiembre según un novedoso depósito de datos presentado este jueves por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca dar a conocer a los ciudadanos la acción judicial contra este fenómeno, que ha calificado de «lacra criminal». En toda España, se contabilizaron 1.378 procesados en un total de 166 causas.
De los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo a nivel estatal, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria y las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas.
En el acto celebrado en Madrid estuvieron presentes la práctica totalidad de presidentes de tribunales superiores de justicia de España, representantes de los letrados de la administración de justicia, procuradores, magistrados, fiscales y vocales de este órgano, ante quienes Lesmes y la vocal Mar Cabrejas explicaron este nuevo instrumento, que se actualizará cada trimestre y que podrá ser consultada en la web de este órgano www.poderjudicial.es.
Antes de llegar aquí, tal y como explicó Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces tuvo que limitar qué delitos entendería que son corrupción, siendo los más frecuentes los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación, organizar los datos y crear esta base cuyo principal objetivo es recuperar la confianza del ciudadano en la justicia.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística, la prevaricación administrativa , la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias , la malversación y los fraudes y exacciones ilegales.
