El juez sostiene que el despacho de abogados del que eran socios el hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez pudo ser un vehículo para el pago de comisiones en la tramitación del Plan General de Alicante, según el auto con el que el magistrado da por cerrada la instrucción de esta rama del caso Brugal. En la resolución, el magistrado Manrique Tejada pone en cuestión el pago de 69.600 euros por parte de una mercantil de Enrique Ortiz al despacho, del cual se destinaron 64.960 a la mercantil Laboratorios y Proyectos, el equipo al que se encargó la redacción del Plan General bajo sospecha.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez formaban parte del despacho Salvetti Abogados, mercantil que compartía sede GM Gestión del Suelo y a la que se encargaron la resolución de alegaciones al Plan General. Al frente de GM estaba Gutiérrez, mientras que Castedo no aparecía, a pesar de que, según el juez, ambas empresas eran en realidad la misma.
El juez señala en el auto que la investigación policial arrojó a través de los pinchazos telefónicos que el despacho Salvetti, aunque no tenía ningún contrato firmado, iban a percibir en conceptos de pagos por su gestión determinados trabajos en Deproinmed, empresa vinculada a Enrique Ortiz, y preferentemente con Bancaja en Valencia. Ortiz habría prometido a Gutiérrez un contrato del 7% de aprovechamiento en lo relacionado con los terrenos de Aguamarga que formaba parte del pago de la deuda, Las escuchas revelan que es el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, quien le pone en contacto con el despacho para los trabajos de Aguamarga. El auto recuerda que una mercantil vinculada a Alperi, Andarx Bussiness, cobraba de Salvetti «sin contraprestación alguna» por supuestos servicios de asesoramiento.
El papel del despacho en la revisión del Plan General de Alicante implica para el juez que desde la mercantil se están haciendo labores de asesoramiento ilegal en temas urbanísticos. La investigación apuntaba a que Ortiz podría estar recibiendo información privilegiada de los letrados respecto del futuro Plan General.
«Se presume que los clientes de Salvetti tenían garantizada una alta cantidad económica por la resolución favorable de su petición de posible modificación del PGOU», argumenta el juez que recuerda el amplio margen con el que, a su juicio, los letrados podían resolver las alegaciones. Según el auto, «no se explicaría que un despacho sin vinculación directa, ni presunta, tanto con el redactor del Plan General, sino además con el equipo de gobierno de un Ayuntamiento, tuviese en tan corto espacio de tiempo esas contrataciones tan sustanciosas económicamente, tal como se desprende de los movimientos bancarios», dice Manrique Tejada. La investigación apuntaba a más de ocho millones en cuatro años.
El juez asegura que existe presuntamente una «trama societaria» con participación de personajes clave con relación directa entre todos, en la que cada uno tiene su papel, «en un escenario en el que se vislumbra el Urbanismo de la ciudad de Alicante como negocio de unos cuantos privilegiados». El juez pone en duda que algunos de los servicios contratados sean reales y que podría ser una vía para realizar pagos a las personas responsables en la revisión del Plan General.
«No tienen sentido lógico»,dice el magistrado, los pagos realizados directamente por Salvetti Abogados a Laboratorio de Proyectos por cantidades elevadas, cuando el contrato de prestación de servicios estaban firmados con GM. Para el juez, la justificación podría estar en tratar de desvincular los presuntos pagos realizados por Ortiz a Gutiérrez y hacerlo directamente a través de Gutiérrez, «pudiendo presumirse que dichos importes corresponden a comisiones directas, no trabajos a percibir por Jesús Quesada», dice el juez. En el auto, expone que tampoco tiene sentido que se contrataran los servicios de los investigados por parte de la mercantil de Ortiz cuando el promotor tenía za su propio abogado urbanista de referencia. El juez señala que las escuchas desvelan que el promotor llega a mostrar desconfianza hacia el asesoramiento legal «impuesto por Alperi».
